EL PAíS › LA MASACRE DEL 20 DE DICIEMBRE

Por un juicio rápido

La Sala II de la Cámara Federal ordenó que no se demore el juicio oral contra los policías acusados de la muerte de Alberto Vázquez, un vendedor de seguros asesinado durante las protestas que hicieron caer al gobierno de la Alianza. Por el caso deberán responder cuatro policías que el 20 de diciembre del 2001 dispararon contra un grupo de manifestantes que se encontraban en la plazoleta de la Avenida 9 de Julio y Sarmiento.
Los acusados son ex integrantes de Asuntos Internos de la Federal quienes durante la represión actuaron en vehículos particulares. Según los testimonios reunidos en la investigación, los policías pararon los autos en abanico para disparar con sus escopetas contra la gente. En el episodio fueron heridos Martín Galli, un estudiante de 26 años que se salvó milagrosamente, y Paula Simonetti, una joven que estaba tomando fotografías.
Entre los imputados figura el comisario Orlando Oliverio, por entonces responsable del Control de Integridad Profesional de Asuntos Internos. Los tres restantes son el comisario José López, el agente Roberto Juárez y el principal Eugenio Figueroa.
La resolución de la Sala II fue firmada por los camaristas Horacio Catani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun. Con ella revocaron una resolución de la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien había anulado la elevación a juicio del caso. Al tomar esa decisión, la jueza había argumentado que todavía estaba pendiente de resolución ante la Corte Suprema un recurso con el que los policías apelaron su prisión preventiva. Los integrantes de la Sala II dijeron que esta apelación no debe frenar el inicio del juicio oral.
En el fallo, los camaristas subrayaron la “inconveniencia de que los procesos judiciales permanezcan en un estado de investigación preliminar continua” y reprocharon a Servini de Cubría que las actuaciones hayan estado “durante más de un año dedicadas exclusivamente a sustanciar nuevos planteos de los defensores”. Los jueces decidieron, al mismo tiempo, que los policías acusados continúen en prisión hasta el inicio de las audiencias.

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