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Por A. M.

Al defensor general de la Nación le llegó la hora. Tal como anticipó Página/12, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad treinta cargos contra Miguel Angel Romero, a quien se le dio plazo hasta el 19 de mayo para presentar su defensa antes de que el cuerpo emita el dictamen que, se presume, sería a favor de la acusación. Treinta son los cargos que elaboró la comisión y de los que Romero deberá defenderse. Uno de ellos es el referido a las irregularidades, omisión de control, denuncia e investigación, en las curadurías públicas, reveladas por este diario.
Los diputados acusaron a Romero de “no haber observado las funciones inherentes a su cargo al omitir instar la investigación pertinente y, en su caso, formular las denuncias respectivas, ante el conocimiento de irregularidades en el manejo de los fondos de los incapaces por parte de algunas Curadurías Públicas Oficiales”. Además, Romero habría “comprometido el derecho de los incapaces a la obtención de una representación y administración adecuada de sus bienes”.
Según el dictamen al que tuvo acceso este diario, el defensor oficial habría “evidenciado un comportamiento contradictorio y dañoso en sus efectos al decidir la intervención de las curadurías públicas oficiales y omitir después facilitar los instrumentos necesarios para el desarrollo de la labor encomendada al interventor Marcelo Jalil, obstaculizando los fines de dicha intervención”.
Los expedientes denunciando el supuesto mal desempeño de este funcionario de origen menemista se fueron acumulando en los últimos años, aun durante la gestión de la Alianza.
El presidente del cuerpo, Ricardo Falú, dio lectura a los cargos que se resumen en los títulos referidos al mal desempeño de la función administrativa, designaciones irregulares de magistrados, omisión de control, denuncia e investigación en las curadurías públicas oficiales, abuso de autoridad, falta de idoneidad para el cargo y conducta antidemocrática o contra el orden constitucional.
La reunión de la comisión se prolongó durante más de dos horas debido a impugnaciones que presentaron la UCR y el ARI por la ampliación de número de miembros que dispuso la presidencia de la Cámara, lo cual incrementó la mayoría justicialista. Luego, por unanimidad los integrantes del cuerpo votaron a favor de la formulación de los cargos al defensor general. Sólo hubo seis abstenciones que correspondieron a seis de los siete miembros recientemente incorporados a la comisión, que se excusaron por no tener un conocimiento acabado del caso.
Las imputaciones a Romero surgieron de una denuncia presentada por el defensor oficial Hilario Lagos el 18 de febrero de 2004, a la que luego se sumaron otras presentaciones de Adrián Pérez (ARI), Nilda Garré (Frepaso) y el titular de la Defensoría de Menores e Incapaces número 4, Marcelo Jalil, entre otros.
“Todo esto forma un compendio que permite presumir que hay un mal desempeño de función y eventual comisión de delitos”, reconoció Falú días atrás en alusión a la gravedad del comportamiento de Romero que marcan las pruebas reunidas.
El jueves 19 a las 11.30 Romero deberá presentar su descargo, en forma personal o por escrito.