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En cuestión de días dos ministros, el de Economía Roberto Lavagna y el de Trabajo Carlos Tomada, anunciaron la implementación de un seguro de desempleo. Así dicho, sería una buena noticia, de cara a la limitada política social y salarial del Gobierno. Lástima que hay en paralelo dos noticias no tan buenas. La primera es que la discusión sobre el mencionado seguro dista de estar avanzada, lo que hace dificultoso que se implemente este año. La segunda es que, así se implementase, sería insuficiente para paliar la desigualdad que resiente gravemente el crecimiento económico que consiguió la actual gestión.
El seguro de desempleo se viene estudiando desde hace más de un año y de hecho un par de proyectos fueron al freezer de Economía. La institución, que no tiene mucha tradición local, es conocida por los cinéfilos que acceden a películas de Hollywood o que vieron el film Full Monty, ese que cuenta la historia de los proletarios ingleses que llegan a hacer strip tease. El Estado subsidia con un salario sustituto a los desempleados durante un lapso fijado por ley. En el intervalo lo orienta en la búsqueda de empleo, lo capacita o actualiza y eventualmente intermedia para ofertas de nuevo trabajo. Si el beneficiario rechaza el nuevo conchabo, puede perder el subsidio.
En la Argentina hay un seguro muy poco extensivo que beneficia a 80.000 trabajadores. A fuer de irrisoria, la cifra es injusta, circunstancia que se acentúa porque sólo pueden reclamar el seguro quienes trabajaban en relación de dependencia y fueron despedidos. Así concebida, el seguro actual agrega una diferencia más entre los trabajadores formales y el resto del ejército de reserva.
La norma que proyecta el Ministerio de Trabajo, divulgada de modo sugestivamente prematuro por Economía ante un auditorio patronal, pretende beneficiar a un universo mucho más amplio, acaso 500.000 desempleados. Se circunscribirá a quienes tengan experiencia laboral previa, porque se da por hecho (con data sociológica y sentido común) que es mucho más fácil reinsertar a un trabajador que no tiene empleo que insertar a uno que jamás laboró. Se pretende incluir a trabajadores que fueron formales y también a quienes tuvieron práctica en “negro”, aunque se reconoce que será peliagudo para el legislador establecer cómo se prueban administrativamente relaciones no documentadas.
Dadas las dificultades reales del mercado laboral se piensa en un lapso de dos años como vigencia posible del seguro. En ese ínterin los trabajadores deben presentarse antes las oficinas respectivas, asistir a los cursos de capacitación, no tomar otro empleo sin dar cuenta a las autoridades. En Trabajo se piensa que el montante mensual debe superar los 300 pesos e incluir asignaciones familiares, lo que le permitiría a un operario con hijos percibir alrededor de 400 pesos por mes.
Mejorar el ingreso de los desocupados, catalizar su reingreso al trabajo, hacer que el Estado deje de ser un bobo ausente y se transforme en “posibilitador” de cierto ascenso social son finalidades loables. El problema es que, para hacerlo y superar la etapa de las promesas, el Estado debe realizar un esfuerzo importante. Y Economía no está muy dispuesto a acrecentar el gasto social. Lavagna suele decir a sus pares y al Presidente que el seguro de desempleo debe propender a ser “económicamente neutro”, esto es no incrementar el gasto social. El ministro cuenta como aliado un hecho poco auspicioso. Durante la gestión Kirchner disminuyó el número de planes Jefas y Jefes de Hogar, lo que le deja fondos relictos para aplicar a otros destinos sociales. Pero esa diferencia no es bastante para cubrir una nueva prestación que exigiría una ampliación del presupuesto social de alrededor un 20 por ciento. Se trata de un tirón, empero accesible para un Estado que derrocha caja y proclama gran sensibilidad.
Desde luego, algunos recortes podrían hacerse en el proyecto actual, por ejemplo acortar la vigencia del subsidio a un plazo menor. O establecer para los beneficiarios un ingreso mensual decreciente, una suerte de “estímulo” (o amenaza, usted dirá) para conseguir trabajo cuando antes. De todos modos, la inversión seguiría siendo elevada.
Los costos operativos de la aplicación del seguro de desempleo también deben ser significativos. El Estado debería diseminar oficinas de empleo en todo el país, con personal capacitado para entrevistar a los beneficiarios, aleccionarlos, orientarlos en la cambiante jungla que es el mercado laboral. Funcionarios de Trabajo y de Desarrollo Social comentan, sin aspirar a tanto, que hace poco visitó el país un alto funcionario del servicio de desempleo inglés. La Gran Bretaña –Tony Blair debe agradecerle a eso buena tajada de su re-elección– tiene bajísimos niveles de desempleo. El visitante contó a sus anfitriones que el Estado inglés atiende a los desocupados con una estructura de 70.000 empleados. “Cada cual trabaja para un desocupado”, exageran por acá, con envidia blanca.
Una estructura menor, pero numerosa y avezada, de funcionarios debería atender en los municipios argentinos que son las agencias estatales que tienen, ya hoy, mayor contacto con los desempleados. Respecto de esta cobertura social, Argentina, desandando su historia, no sólo está por debajo de yanquis, ingleses, europeos, primermundistas en general. Brasil, Chile y México tienen un seguro de desempleo mucho más expandido que el de estas pampas. No son precisamente sociedades que brillen por su equidad... Pero, allende los anuncios genéricos, nada puede hacerse con un criterio predominante de caja, que propugne que los avances de política social sean económicamente neutros. Los avances de política social implican mayores esfuerzos del Estado y de la sociedad. Eduardo Duhalde consagró a esos fines una fortuna en sus tiempos. El actual gobierno también erogó mucho en 2004. En 2005 el presupuesto social se achicó, cediendo lugar estelar a la obra pública. Esta es la única fuerte y cabal intervención del Estado en el mercado de trabajo y, por ende, como compensador de la desigualdad.
Se trata de una política insuficiente. La Argentina, dicho esto en números apenas rudimentarios, es un país donde la mitad de la población es desocupada, trabajadora informal, jubilada con haber mínimo. Así las cosas, los aumentos de sueldos al sector formal, consecuencia de la negociación colectiva, sólo impactan sobre la mitad superior de la pirámide de ingresos. Poca cosa para un país que aspira a la igualdad.
El seguro de desempleo, amén de actuar contra la neoortodoxia económica del Gobierno, significaría una fuerte inyección de ingresos para sectores ahora sumergidos, cuya propensión al consumo es un dato de libro.
La buena noticia es que el tema se está estudiando; la mala, que el Gobierno, apegado a un esquema productivista bastante simple y acaso atrasado respecto del real mapa social argentino, no da la sensación de estar predispuesto a pagar lo que eso cuesta.