[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

María Julia Alsogaray entró a la sala del Tribunal Oral Número 6 caminando despacio pero confiada. Llevaba un traje marrón chocolate, un pañuelo rojo y beige y unos aros redondos. Allí le dieron la noticia que había ido a buscar: a partir de ese momento quedaba en libertad. Los jueces María Cristina Bertola, Guillermo Andrés Gordo y Guillermo Federico Madueño le concedieron la excarcelación en la causa en la que se investiga el pago de millonarios sobreprecios en la refacción del edificio de la Secretaría de Recursos Naturales. La ex polifuncionaria no necesitó depositar una fianza. Alcanzó con su palabra. Sin embargo, las noches en el petit hotel pueden no ser eternas. Si es condenada en otro de los múltiples expedientes que acumula, María Julia podría volver a escuchar las misas del cura represor Christian Von Wernich en la Delegación de Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA).
María Julia estuvo 21 meses en prisión. Transitó la mayor parte de su encierro con perfil bajo, pero el sábado 23 de abril, poco después de la muerte de su padre, el diario La Nación publicó una carta de lectores con su firma en la que hablaba del pago de sobresueldos durante el gobierno de Carlos Menem. A partir de ese momento, la ex polifuncionaria fue objeto de atenciones mediáticas y judiciales y la investigación sobre el pago y cobro de dinero “extra” y en negro en los cargos altos de la administración pública durante los ’90 se reactivó con el llamado a indagatoria de tres ex ministros menemistas.
“No creo que haya relación entre los derechos constitucionales y las expresiones que haya podido tener” (acerca del pago de sobresueldos), dijo ayer María Julia –casi tapada de micrófonos y cámaras de televisión– antes de entrar a su petit hotel de Recoleta. La ex funcionaria dijo estar “muy contenta”, aunque sólo se permitía una sonrisa contenida. Aclaró que aún debe afrontar las varias causas abiertas en su contra. “Esto no es el final de nada”, señaló. Y antes de desearles buenas noches a los movileros y cerrar la puerta de madera afirmó: “No sé por qué estuve detenida”.
Los casi dos años que pasó en la Delegación de Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA), en Cavia y Figueroa Alcorta, no tuvieron que ver con la condena que recibió el año pasado por el delito de enriquecimiento ilícito, que incluyó el cobro de sobresueldos. Ese fallo está a estudio de la Cámara de Casación, es decir que aún no está firme.
La causa que la llevó a prisión se vincula con el pago de sobreprecios y la contratación de sus amigos para refaccionar el edificio en el que trabajaba cuando era secretaria de Recursos Naturales. En agosto de 2003 el juez Rodolfo Canicoba Corral la detuvo luego de procesarla por peculado, defraudación, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juez tuvo en cuenta que, para ese entonces, la ingeniera acumulaba 13 causas en su contra. La Cámara Federal, que confirmó esa decisión, señaló que correspondía mantener la prisión preventiva debido a que el extenso prontuario en potencia de la acusada hacía suponer que existía una “presunción de fuga”. Luego, María Julia fue arrestada por la contratación irregular de una agencia de publicidad para que realizara una campaña de prevención de incendios. Ambos casos por los que estaba presa están cerca de ir a juicio, por eso fueron dos tribunales orales los que resolvieron su situación.
La primera buena noticia le llegó a la ex favorita de Menem el martes. Los jueces Luis Enrique Velazco, Eduardo Mugaburu y Jorge Alberto Tassara le concedieron la excarcelación en el expediente relacionado con la publicidad del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Ayer sólo quedaba un escollo por superar. Después de una audiencia en la Cámara de Casación y una larga declaración ante el fiscal Paulo Starc para refutar al ex ministro Domingo Cavallo, María Julia subió al sexto piso del edificio de Comodoro Py acompañada por una de sus defensoras, Pamela Bisserier. Allí le comunicaron que quedaba en libertad.
“No podemos ignorar que la presunción de inocencia de que goza Alsogaray hasta el dictado de una sentencia condenatoria firme que ponga fin a este proceso tiene como una de sus consecuencias fundamentales la exigencia del reconocimiento al derecho a permanecer en libertad durante todo el trámite de esta causa”, dijeron Bertola, Madueño y Gordo. Estos últimos dos jueces son integrantes del Tribunal Oral Nº 5 pero participaron de este fallo porque María Julia recusó a María del Carmen Roqueta y José Martínez Sobrino.
Los magistrados consideraron que “la limitación personal durante el proceso desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva, al convertirla en una verdadera pena anticipada”. Y señalaron que el arresto durante la instrucción debería ceñirse a dos situaciones: cuando el imputado obstaculiza la averiguación de la verdad, es decir, entorpece la investigación y cuando se fuga o existe peligro de que lo haga. “Ninguno de estos dos extremos se ha dado en el presente legajo pues la imputada siempre colaboró con la investigación y se puso a disposición de la Justicia.” Los jueces concedieron la excarcelación a María Julia bajo caución juratoria, es decir, sin fianza. La ingeniera tiene obligación de presentarse mensualmente en la sede del tribunal hasta que se haga el juicio.
¿Qué pasaría con María Julia si fuera condenada en otra de las causas que tiene en su contra o si queda firme la sentencia que ya tiene?
- La ex polifuncionaria fue condenada a tres años de cumplimiento efectivo por enriquecimiento ilícito, pero sólo tendría que ir a prisión durante ocho meses. Como la sentencia no está firme, el Tribunal Oral Nº 4 no ordenó su arresto. Aun si la Cámara de Casación confirma la resolución, María Julia estaría en condición de pedir la libertad condicional.
- La situación sería diferente si la ingeniera es condenada por algún otro hecho. “En ese caso –explicó un especialista a Página/12– se tendrían que unificar las penas. Se haría una composición con un mínimo de tres años y con un máximo equivalente a la pena prevista para la otra condena. Pero nunca sería menor de tres años, ya no podría ser en suspenso y la acusada tendría que cumplir con los dos tercios.” Es decir que si recibe una condena unificada de tres años y un mes deberá volver a la cárcel al menos por tres meses.