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Aviones de guerra aparecen en vuelo rasante sobre la ciudad de Buenos Aires y bombardean la Plaza de Mayo. En la plaza hay manifestantes y gente que va a su trabajo. El ataque es sorpresivo, indiscriminado. Una de las bombas cae sobre un transporte público y mata a todos sus pasajeros. Otra cae sobre la Casa de Gobierno. En pocos segundos son asesinados 350 ciudadanos y otros 2000 resultan heridos. Sucedió hace 50 años. Un 16 de junio.
Aquel bombardeo criminal fue realizado con aviones del Estado. Los pilotos que condujeron esos aviones y los jefes que ordenaron aquella masacre eran profesionales de la Armada Argentina, es decir, miembros de una institución pública.
La lucha por lo que hoy llamamos la defensa de los derechos humanos nació de la necesidad de proteger a la sociedad civil del uso arbitrario de la fuerza por parte de las instituciones del Estado. Resulta imposible recordar ese día sólo como una fecha trágica del calendario político del justicialismo. La dimensión de los acontecimientos obliga a poner esa fecha en el centro de nuestra historia contemporánea, la de todos los argentinos.
La decisión brutal de efectuar un bombardeo sobre la población civil para forzar la ruptura del orden constitucional y la manifiesta voluntad de exterminio con que se llevó a cabo sitúa a las víctimas de aquel bombardeo en el origen de una escalada de violencia política y de violación sistemática de los derechos humanos que se prolongará, desde entonces y casi sin interrupción, a lo largo de más de 25 años. Es necesario preguntarse qué clase de exterminio fue éste, que necesitó prolongarse por tanto tiempo y que llegó a alcanzar, con la última dictadura militar, su más alto grado de sofisticación. ¿Qué cosa se proponía exterminar?
Los grupos económicos que tomaron el control vinieron a establecer el manejo privado y discrecional del poder público. Había que exterminar la posibilidad de que las organizaciones de la comunidad ocuparan esos espacios. El costo fue inmenso. Necesitaron poner al Estado Nacional en contra de las mayorías. Lo transformaron en su enemigo.
En una sociedad donde Estado y comunidad se perciben mutuamente como opuestos y enfrentados, la vigencia de los derechos humanos está siempre amenazada. Para evitar su violación es preciso cambiar esto. Necesitamos preservar y ampliar los espacios públicos donde Estado y comunidad se encuentran para construirse mutuamente.
Los caídos durante la masacre del 16 de junio de 1955 están entre las primeras víctimas de quienes se opusieron a esta construcción colectiva. Afortunadamente, los argentinos hemos podido volver a encaminarnos en esa dirección. Que este esfuerzo vaya en su homenaje.

* Secretaria de Derechos Humanos del PJ Capital.