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El Consejo de la Magistratura denunció al Gobierno por quitarle 540 millones de pesos de su presupuesto a través de un decreto de necesidad y urgencia para asignárselo a la Corte Suprema. El cuerpo de consejeros pidió a la Justicia en lo contencioso-administrativo que haga lugar a una medida cautelar para que no se aplique la disposición del Poder Ejecutivo por considerarla ilegal.
A fines del año pasado, el Consejo y el alto tribunal protagonizaron una dura pelea por cuál de los órganos tiene la potestad de manejar los fondos del Poder Judicial. En aquella oportunidad la discusión era por el pago de un aumento salarial para los empleados y jueces. El Gobierno intercedió y, a través del Ministerio de Economía, se puso en contra de los consejeros. La posición oficial tuvo su máxima definición hace poco, cuando el 1º de junio un decreto presidencial estableció la modificación de la ley de autarquía judicial y transfirió a la Corte el manejo de buena parte del dinero de la coparticipación federal y la totalidad de los remanentes, que ascienden a 540 millones.
El Consejo de la Magistratura resolvió finalmente pedir a la Justicia que suspenda los efectos del decreto y declare su nulidad. La presentación sostiene que el Gobierno avasalló atribuciones del organismo en la administración de fondos del Poder Judicial, violó la división de poderes arrogándose facultades legislativas y no invocó ninguna de las circunstancias excepcionales (situación de emergencia) que habilitan los decretos de necesidad y urgencia. Como parte de sus fundamentos incluyó un fallo de la Corte Suprema.