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“Competimos con sectores sin normas legales, laborales ni sanitarias”, dispararon desde las grandes cadenas de supermercados. “No bajan los precios porque se aprovechan del incremento en el consumo para agrandar sus ganancias”, respondieron desde la cámara de supermercados chinos, que se sintió aludida por la afirmación de sus colegas. La ofensiva del Gobierno para frenar la ola inflacionaria derivó en una situación inesperada, que a la vez dejó al descubierto algunas conductas comerciales: la guerra en el sector supermercadista. Para demostrar que tienen razón, los comercios chinos relanzaron la canasta social a 14 pesos con 99 centavos. El Gobierno se metió en la pelea y se destacó la actitud de los comerciantes más chicos.
El origen del contrapunto entre los comerciantes es la preocupación del Gobierno por enfriar el recalentamiento de los precios. Ayer, Leonardo Madcur, secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, admitió que la inflación de este mes tiene un piso del 1,2 por ciento. El funcionario dio cuenta del relevamiento de precios realizado durante las primeras tres semanas del mes. Ahora hay que esperar algunos días para saber si la suba se quedó ahí o escaló algunos peldaños más.
En este contexto, desde el Palacio de Hacienda pusieron en marcha diferentes acciones para que este salto inflacionario no se convierta en un proceso difícil de frenar. Una de ellas fue reclamar el compromiso de las cadenas de supermercados grandes y medianas a mantener los precios. En la reunión con Roberto Lavagna, los empresarios se comprometieron con poco: ofrecer algunas ofertas y aceitar la comunicación con Economía para encender las alertas en caso de aumentos por el lado de los proveedores. Además de manifestar su disgusto por cualquier control de precios por parte del Estado, los más grandes denunciaron que “hay una enorme competencia que representa el comercio ilegal”, tal cual manifestó el presidente de la Cámara Argentina de Supermercados, Fabio Fabri. Josué Fernández Escudero, director de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), opinó en el mismo sentido: “Competimos con sectores sin normas legales, laborales ni sanitarias”, acusó sin dar más precisiones.
Aunque no se los mencionó puntualmente, desde los supermercados chinos reaccionaron. “Dicen mentiras para perjudicarnos. Hay una lista enorme de inventos. Es falso que recibamos el reintegro del IVA; ese es un mito. Nosotros no recibimos ningún subsidio ni ayuda del Estado”, aseguró, en diálogo con Página/12, Miguel Angel Calvete, ejecutivo de la cámara de supermercados y autoservicios chinos.
Calvete contraatacó: “¿Por qué no dicen que varias grandes cadenas tienen deudas enormes con el fisco? ¿Que existen deudas por impuestos como Ingresos Brutos o con la Anses por los aportes patronales? ¿Acaso no es verdad que muchas de estas grandes empresas son dueñas, a su vez, de compañías de empleo eventual para acceder a mano de obra barata? Las grandes cadenas deudoras de impuestos extorsionan al Gobierno para obtener facilidades. Esta es la verdadera competencia ilegal que sufrimos nosotros”. Ante las fuertes acusaciones de Calvete, este diario se comunicó con Fernández Escudero. “Me niego a refutar esos conceptos. No haré ninguna alusión”, dijo a Página/12.
Desde los comercios chinos aseguraron que, a diferencia de sus colegas de mayor porte, ellos bajarán los precios. Y renovarán por otros tres meses la canasta social con 15 artículos por 14,99 pesos. “Es mentira que los comerciantes no seamos formadores de precios. Así como podemos remarcar con aumentos, se puede negociar con los proveedores para que cada parte resigne un margen de ganancia y lograr precios más bajos. Se benefician los clientes y el resto de la cadena comercial, que tiene más trabajo”, explicó Calvete.
De esta manera, el comerciante salió al cruce de los dichos de los grandes supermercadistas. En esas cadenas habían asegurado que no podían comprometerse a bajar los valores porque “no somos formadores de precios. Por eso no hay ningún compromiso de los supermercadistas para mantenerlos”, había asegurado Fernández Escudero.
La canasta de los negocios chinos contendrá yerba, azúcar, arroz, aceite, puré de tomates y artículos de limpieza. En cambio, tuvieron que eliminar los productos derivados de la harina y la leche, que registraron aumentos de hasta 12,5 por ciento en las últimas semanas. De los 2200 comercios chinos que existen entre Capital y el Gran Buenos Aires, 1600 ofrecen la canasta.
Desde el Gobierno se subieron al ring. Patricia Vaca Narvaja, subsecretaria de Defensa del Consumidor, tomó partido. En diálogo con este diario opinó que, “una vez más, los comercios más chicos son los que tienen gestos a favor de la gente. Las grandes cadenas deberían imitarlos porque tienen una capacidad mayor para bajar los precios”.
Vaca Narvaja fue categórica: “La historia es la misma de siempre: los más grandes trasladan directamente a los precios al público cualquier encarecimiento de sus costos. Nunca quieren resignar rentabilidad. Más bien todo lo contrario, cuando pueden aprovechan para incrementar sus márgenes de ganancia”. La funcionaria conoce de cerca a los empresarios: salvo a Wal Mart, no pudo convencer a ninguna otra de las grandes cadenas de implementar la canasta social.