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El pedido de juicio político más reciente contra un juez federal porteño que llegó al Consejo de la Magistratura tiene apenas seis días. El cuestionado es Jorge Urso. La denuncia le atribuye un mal manejo y omisiones “deliberadas” en la investigación destinada a acreditar supuestos sobornos de la empresa Thales Spectrum pagados al gobierno de Carlos Menem para quedarse con la concesión del espectro radioeléctrico. El escrito hace hincapié en que los exhortos para requerir información a los bancos extranjeros donde se habría depositado el dinero estuvieron mal hechos una y otra vez pese “a las advertencias de la Dirección Nacional de Asuntos y Cooperación Internacional”. Esto, dicen, trabó la pesquisa.
La historia de las coimas de Thales Spectrum Argentina (TSA) fue revelada por una investigación de la Oficina Anticorrupción (OA). Entre las pruebas más importantes, el organismo había conseguido el testimonio de un arrepentido, el financista suizo Lionel Quedot, quien dijo haber actuado como intermediario de giros millonarios que se hicieron a cuentas bancarias extranjeras y describió la maniobra con lujo de detalles. A través de Finego SA contó que recibía las transferencias en concepto de un aparente asesoramiento. Era la pantalla para luego enviar la plata a distintas cuentas. Quedot proporcionó los datos de depósitos en Estados Unidos, Uruguay, Francia, Islas Vírgenes, Holanda e Irlanda. Enumeró giros por más de 20 millones de dólares. También contó que trató con directivos de Thales como Jorge Neuss, Jean Nicolás D’Ancezune y Guillaume Dehollain. La causa penal quedó a cargo de Urso, que subrogaba el Juzgado 7. Por un lado, debía investigar si hubo favoritismo en el contrato de concesión a TSA, celebrado en 1997, y si la concesionaria cumplió con los términos del acuerdo. Por otro, tenía que rastrear las coimas denunciadas. Una medida clave era pedir cooperación a las entidades bancarias de otros países señaladas por Quedot. Urso lo hizo pero no prosperaron.
La denuncia por “mal desempeño” contra el juez fue presentada ante el Consejo de la Magistratura por Juan José Cantiello, candidato a diputado bonaerense e integrante de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), que encabeza Luis D’Elía. Urso fue el magistrado que pidió la detención de D’Elía por la toma de la comisaría luego del asesinato del piquetero Martín “Oso” Cisneros.
Cantiello dice que Urso “se circunscribió a demorar intencionalmente los elementos de prueba tendientes a acreditar” la confesión del financista Quedot “para así favorecer a los titulares de las cuentas receptoras de las transferencias relatadas” por él. Sostiene que “Urso no cumplió con los requisitos necesarios para lograr hacer efectiva la cooperación” pese a que podía “hacerlo muy fácilmente en virtud de que se encontraban reunidos en la causa todos los elementos”. Mandó, según apunta el denunciante, los exhortos incompletos, sin sus fundamentos suficientes, sin detallar las pruebas disponibles, ni cómo accedió a los números de cuenta ni cuál era su vinculación con el objeto de la causa. También dice que tuvo advertencias al respecto de la directora de cooperación internacional del Ministerio de Justicia, Alicia Perugini Zanetti.
“Es de destacar –añade Cantiello– que los pedidos de asistencia fueron rechazados por Estados Unidos, solicitando al juez que completara la información contenida en los exhortos y que describiera adecuadamente el objeto procesal.” En todos los casos, dice la presentación a los consejeros, faltó “el sustento necesario para que” los exhortos fueran exitosos”. Acusa a Urso de “retardar una investigación de gran importancia que tenía grandes chances de obtener las pruebas que acreditaran en forma concluyente la maniobra investigada y que permitiría al Estado argentino recuperar millones de pesos”.
El expediente penal está en la Cámara, porque la OA apeló sobreseimientos dispuestos por el juez. El Consejo de la Magistratura deberá evaluar si la denuncia contra Urso vale un juicio político.