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Los seis jueces de dos distintos tribunales orales que intervinieron y la fiscal de juicio enumeraron todas las groseras irregularidades del procedimiento iniciado en febrero de 1996 por el entonces subcomisario Beauvais. Pero ninguno suministró una explicación que explique por qué se permitió escapar a los responsables y no se investigaron los embarques anteriores ni las conexiones de los prófugos. Uno de los jueces que actuaron en la causa tiene la convicción de que los policías formaban parte de la banda, pero no tiene las pruebas.
Lo cierto es que las distintas fuerzas de seguridad se disputaban la competencia en la represión al comercio de estupefacientes y que la policía de Buenos Aires tenía una larga práctica de procedimientos ficticios de alto impacto público para mostrar eficacia y conseguir alguna ventaja económica o política. El 12 de octubre de 1995, su jefe Pedro Klodczyk recibió en la escuela de policía de La Plata al gobernador Eduardo Duhalde, a jueces de la Corte Suprema de Justicia, de la Cámara Nacional de Casación Penal, de la Cámara Federal de la Capital, a 150 jueces de primera instancia de todo el país y a los jefes de policía de veinte provincias, para discutir la “Asignación de la competencia en la lucha contra la narcocriminalidad”. El gobernador cerró el seminario con un discurso comprensivo del origen social del consumo de drogas, escéptico acerca de la utilidad de las penas como remedio y afectuoso hacia los jueces federales a quienes llamó la vanguardia en el combate y cuya soledad deploró.
El encuentro fue conducido por Klodczyk, quien reveló en forma muy directa el propósito de la convocatoria: impulsar una reforma al artículo 14 de la ley de estupefacientes, de modo que la represión de los consumidores y el comercio al menudeo pasara a manos de las policías provinciales. El argumento era la conveniencia de aliviar a los jueces federales para que pudieran concentrarse en la persecución del gran tráfico. En la práctica, esta reforma implica confiar a los comisarios bonaerenses la instrucción del 90 por ciento de las causas por estupefacientes, delegándoles poder para el control social y negocios. Sólo deben obtener el amén de un fiscal o un juez proviciales, siempre dispuestos a conceder la delegación de facultades. Las cosas no han cambiado en diez años. Aquel proyecto fue asumido por el actual gobernador Felipe Solá, a quien el Congreso dio este año la ley que le negó a Duhalde.