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Por Raúl Kollmann y José Natanson

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) abrió un expediente administrativo porque durante la gestión del “sushi” Darío Richarte, hombre allegado a Antonito De la Rúa, no se rindieron gastos por la impresionante cifra de 17 millones de pesos –en aquel entonces equivalentes a dólares– y 900.000 dólares en efectivo. El manejo de fondos era –siempre fue– tan incontrolado que buena parte de ese dinero figura como “operaciones especiales” y tiene como comprobante sólo la firma de los responsables de cada área. Pero para legitimar los gastos se requería además la firma del subsecretario de la SIDE, en este caso Richarte. Pero tras entregar precipitadamente la central de espías, se comprobó que el sushi no había firmado nada y que por lo tanto no se rindieron esos millonarios gastos.
La controversia sobre los fondos ya había sido advertida por Carlos Becerra, jefe de la SIDE en los últimos tiempos del radicalismo, quien designó un auditor. Sin embargo, hubo una negativa a exhibir documentos sobre los gastos con el argumento de que “se trató de operaciones secretas”. En el expediente administrativo se encontraron hasta ahora recibos por unos once millones de pesos, pero quienes realizan ese trabajo se preguntan “¿quién puede ahora reconstruir operaciones de hace más de un año? ¿Cómo se pueden comprobar ahora pagos a informantes por cifras altísimas?”. Richarte llegó a la SIDE como un humilde abogado que venía de la Universidad de Buenos Aires, un militante de Franja Morada, y hoy exhibe una holgada posición económica y se dedica “a hacer negocios”.
La caída del gobierno radical dejó profundas heridas entre De la Rúa y su entonces jefe de la SIDE (ver aparte), pero sobre todo dejó un agujero de caja inconmensurable. En la central de espías, que maneja un presupuesto anual de más de 300 millones de pesos, quedaron sólo 37.000 pesos y 4000 dólares en efectivo. El resto se evaporó en las consabidas “operaciones especiales” que en verdad no tienen control alguno.
Cuando el justicialismo asumió en la SIDE se encontró con que se acumulaban 17 millones de pesos y 900.000 dólares sin rendir, por lo que tras algunos cabildeos finalmente se decidió abrir una investigación contra Richarte. Es que el mecanismo es el siguiente:
- La conducción operativa de la SIDE decide realizar una operación, por ejemplo, una reunión de agentes en Europa. Para ese encuentro se adjudican –siempre siguiendo un ejemplo imaginario– 100.000 dólares.
- El jefe del área retira por caja y en efectivo los 100.000 dólares. Todo lo que hace es firmar un recibo. De esa manera se sacan millones y millones de pesos y dólares.
- En verdad, no hay prácticamente rendiciones de facturas y boletas porque supuestamente todo es clandestino y no deben quedar pruebas. Pero, además, se ponen pagos a informantes que son imposibles de verificar y quienes conocen el estilo con el que se manejan los fondos aseguran no hay ninguna probabilidad de establecer siquiera de quién es la firma que aparece en los miles y miles de comprobantes.
- Sin embargo, el jefe de cada área llena lo que se llama el formulario 73 especificando los gastos. Con ese trámite y la firma del jefe del área todo se pasa al subsecretario, o sea, a Richarte.
- Para terminar con la rendición de gastos, el subsecretario debe poner su firma para avalar lo actuado.
- Lo que corresponde es que cuando el área respectiva vuelve a hacer otra operación, y a retirar más dinero, debe tener entregada la rendición anterior, por supuesto con la firma del subsecretario, en ese momento Richarte.
La ausencia de rendiciones por los 17 millones y los 900.000 dólares evidencia que no hubo control alguno y que se seguía entregando dinero pese a que no se había rendido lo anterior. Por ejemplo, hay operacionessin firma de todo el año 2001 e incluso del 2000. El supuesto responsable de semejante desmanejo fue el propio Richarte, pero también el jefe administrativo de la SIDE, Gallea, quien curiosamente era igualmente un hombre colocado allí por De Santibañes, Richarte y compañía.
Según trasciende entre los espías, también el jefe del último tiempo de la UCR, Carlos Becerra, tiene responsabilidad en el escándalo. Aunque el contacto dilecto de Fernando y Antonito De la Rúa era Richarte, Becerra era el responsable del organismo, pero todos consideran que quería conservar su puesto, trataba de evitar conflictos con Antonito y por ello evitó ir al choque en el terreno de los fabulosos fondos de la SIDE.
Quienes conocen el funcionamiento de la casona de la calle 25 de Mayo, donde funciona la central de espías, sostienen que habitualmente el número dos de la SIDE acumula un enorme poder y suele ser “el hombre del Presidente” porque es el que maneja el dinero y gran parte de las operaciones. En este momento, por ejemplo, el número dos es Oscar Rodríguez, el marido de la ultraduhaldista senadora Mabel Muller. En tiempos de De la Rúa el cargo estaba en manos de Richarte, mientras que Becerra actuaba más como operador político, el mismo papel que jugaba también su antecesor, Fernando De Santibañes. No es casual que a este último lo hayan involucrado en la más famosa operación política: el caso de las coimas en el Senado.
Alertado por los desfasajes en el manejo de dinero, Becerra hizo de todas maneras un movimiento tímido: designó como auditor a un hombre –el Negro Cobos– que ya había revistado con él cuando estuvo en otros cargos. Las dilaciones llevaron a una situación tirante entre Cobos y Richarte y, según coinciden varias fuentes, los reclamos del auditor terminaron en una negativa terminante de Richarte a firmar las rendiciones. El argumento fue aportado por un hombre de confianza de Richarte, Alejandro Broussón, quien señaló en un paper de contrainteligencia que “la información sobre los gastos es reservada”.
El tumultuoso alejamiento de De la Rúa de la Casa Rosada dejó también desnuda la situación de las cuentas en la SIDE, pero el gran interrogante ahora es cuánto avanzará el actual titular, Carlos Soria, en la investigación sobre sus antecesores. Muchos aseguran que Soria es la expresión del pacto duhaldista-radical que está instalado en el gobierno y que por ello es más que difícil que profundice en serio la investigación sobre los socios de coalición del Presidente. Más allá de todo, el sumario administrativo evidencia igualmente que los fondos se manejan de la forma más sospechosa y que cualquiera puede irse con 17 millones sin rendir y dejar una montaña de comprobantes de gastos que no hay forma de verificar.