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La semana pasada saturó las calles con uniformados. Ahora sumó nuevos obstáculos para las manifestaciones de los grupos de desocupados. El Gobierno está tan decidido a licuar las protestas piqueteras que, apelando a un manual de “tolerancia cero”, comenzó a exigir a los manifestantes que reporten formalmente y por escrito lugar y hora de las movilizaciones para recién ahí sí mostrar disponibilidad para atenderlos. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, fue un poco más allá al sugerir cómo debe ser la agenda de los desocupados. “Qué tiene que ver (la visita del presidente norteamericano George W. Bush a la Argentina) con complicarle la vida al resto de la sociedad a la que se toma como objetivo de extorsión, que es lo que el Gobierno no está dispuesto a aceptar”, dijo.
El requisito viene a cuento por el desplante que sufrió ayer el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, acaso el sector más flexible entre los denominados “duros”. De hecho, sus integrantes renunciaron a los piquetes sorpresivos y llamaron a no cortar el Puente Pueyrredón para abrir un canal de diálogo con el Gobierno.
Ni siquiera ese gesto político persuadió a la Casa Rosada para terminar con su intransigencia: los militantes del MTD-Aníbal Verón debieron esperar en vano en la Plaza de Mayo una respuesta oficial a su demanda de elevar a 350 pesos la ayuda social.
La excusa del Gobierno fue la inexistencia de un pedido de audiencia formal, modalidad rara vez empleada y que suele ser reemplazada por un petitorio formulado por los manifestantes en el momento.
“Es muy difícil tener reuniones con la amenaza de cortar puentes o calles y ocupar plazas”, señaló Alberto Fernández sobre la actitud reacia del Gobierno. Igualmente, el propio jefe de Gabinete aprovechó para reiterar la postura oficial: “No habrá mejora en los planes”.
La decisión responde a una estrategia en la que lo electoral seguramente no es ajeno. Los sondeos que manejan en la Casa Rosada muestran a una clase media porteña refractaria a los piqueteros que, a los ojos de varios funcionarios, podría afectar la performance de su candidato a diputado Rafael Bielsa.
El endurecimiento no solamente se puso en evidencia con el enorme despliegue policial. Puertas adentro hubo un cambio de interlocutor para los piqueteros: el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, dejó su lugar al ministro Aníbal Fernández, uno de las espadas verbales más lacerantes del Gobierno.
La imposibilidad de los desocupados de acceder a la Plaza de Mayo, como ocurrió la última semana, es todo un símbolo de cómo la Casa Rosada busca mostrar cierto control del a protesta social. Con la decisión de que la apertura al diálogo no sea resultado de marchas y cortes si no de pedidos escritos y formales, no hace otra cosa que mostrar el nuevo límite que acaba de demarcarles a los piqueteros.
Aníbal Fernández llegó a preguntarse “qué tiene que ver (la visita del presidente norteamericano George W. Bush a la Argentina) con complicarle la vida al resto de la sociedad a la que se toma como objetivo de extorsión, que es lo que el Gobierno no está dispuesto a aceptar”, dijo.
La afirmación no es otra cosa que la ratificación de la creencia oficial que las protestas tienen aroma a oportunismo político más que a un reclamo puntual por la mejora de los planes.
A pesar de su reparo por la “militarización” que hubo en los alrededores de Plaza de Mayo –en rigor una saturación de policías y efectivos de Prefectura y Gendarmería–, Elisa Carrió terminó ayer coincidiendo en algunos aspectos con el Gobierno.
“Yo no puedo cortar una calles porque se me ocurre”, dijo la titular del ARI, mostrándose a favor de una explicitación, por parte de las organizaciones piqueteras, de las razones de su protesta.
Más previsible fue el respaldo brindado a la estrategia de Néstor Kirchner por Aníbal Ibarra. El jefe de Gobierno porteño, alineado con el kirchnerismo, fue tajante. “Son muy acertadas las medidas políticas que sedispusieron”, dijo sobre la saturación de policías sin que eso –consideró– sea un sinónimo de represión.