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Los hospitales públicos están abarrotados de pacientes y en algunas provincias del interior no cuentan con los insumos básicos. Los médicos que atienden por obra social cobran un promedio de 8 pesos por consulta, de los cuales sólo les llegan a su bolsillo 5: el resto se les va en gastos de consultorio, carga impositiva y seguro de mala praxis. Desde la crisis de diciembre de 2001, se han cerrado decenas de clínicas privadas como consecuencia de las abultadas deudas que el PAMI mantiene con el sector. Por este panorama, médicos y dueños de sanatorios y profesionales del sector público y de la seguridad social de todo el país coincidieron ayer en un paro de 24 horas en reclamo de un mayor presupuesto para la salud pública, un aumento de los aranceles profesionales e institucionales pagados por las obras sociales, y la cancelación de las deudas que mantiene el PAMI y otras obras sociales con el sector, entre otras demandas. Si en las próximas semanas no obtienen una respuesta satisfactoria del Gobierno, repetirán la medida de fuerza, esta vez de 48 horas, los días 13 y 14 de octubre.
“Fue un paro en defensa de la salud y no en contra de alguien”, señaló el vicepresidente de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra), César Pérez Laborda. “Es la primera vez que todo el sector salud se pone de acuerdo en una medida de esta naturaleza”, destacó Gustavo Mamonni, presidente de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa). “Paramos hoy para no cerrar mañana”, enfatizó.
“La legitimidad del reclamo es incuestionable, ya que cualquier índice que se quiera tomar va a demostrar el atraso presupuestario descomunal que hay en el valor de las prestaciones y aranceles profesionales”, expresó la Mesa de Salud, que agrupa a todos los sectores involucrados, en un comunicado de prensa. Las entidades realizaron un “sirenazo”, para expresar mediante ese sonido “el estado en el que se encuentra el sistema de salud en todo el país”, según voceros de la protesta.
La medida de fuerza involucró a hospitales y sanatorios, públicos y privados, médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, obstetras, trabajadores sociales, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, entidades de diagnóstico y servicios de emergencia, a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
Los reclamos son amplios, pero puntuales:

- Mayor presupuesto para la salud pública y la seguridad social.

- Aumento salarial con estabilidad laboral para todos los trabajadores de la salud, públicos y privados.

- Aumento de los aranceles profesionales e institucionales.

- Disminución de la carga tributaria del sector.

- Pago de las deudas que mantienen con las clínicas, odontólogos y bioquímicos las obras sociales, especialmente el PAMI.

“Este es un alerta. El sistema de salud está al borde del colapso. Queremos concientizar a la población de esta situación”, explicó el médico puntano Pérez Laborda, vicepresidente de la Comra. Es traumatólogo y socio de 110 profesionales en una clínica de San Luis. “Es una especie de cooperativa. Estamos dejando el 50 por ciento de nuestros honorarios para poder sostener los sueldos del personal, los insumos. Hoy en promedio en el país, las obras sociales pagan 8 pesos por consulta. Al médico le quedan apenas 5 pesos, porque el resto se le va en gastos de consultorio, en carga impositiva y en seguro de mala praxis. A lo que hay que sumar que cobramos diferido alrededor de 3 meses”, describió Pérez Laborda.
Lo que reclaman es una intervención del Estado: por un lado, en lo que podría ser un subsidio a las obras sociales, para que puedan afrontar mayores aranceles, y por el otro, en la fijación de valores de referencia, lo que hasta la desregulación del sector salud a comienzos de los ’90 estaba determinado por un nomenclador. Según sus cálculos no debería ser menor a 15 pesos el pago por consulta. “Tiene que existir un índice para ajustar los aranceles de acuerdo a la inflación”, agregó Mamonni, que explicó que clínicas y sanatorios reclaman una redefinición de la política impositiva del sector. “Tenemos deudas impositivas, pero no somos evasores: somos morosos como consecuencias de las deudas que mantiene el PAMI y otras obras sociales con nosotros. El problema es que a partir del 1º de enero, cuando se termina la emergencia sanitaria, vamos a poder ser embargados por la AFIP”, precisó el titular de Confeclisa.
“El acatamiento al paro fue de más del 95 por ciento en el interior del país y del 85 por ciento en la Capital Federal”, calculó Mamonni. Los centros de salud adoptaron la modalidad de un día domingo: sólo atendieron urgencias. El Ministerio de Salud bonaerense minimizó el alcance de la medida en su jurisdicción: informó que de los 77 hospitales, en 36 la prestación de los servicios se cumplió con normalidad; en 24 en forma parcial y sólo en 11 la adhesión fue total, sin atención en los consultorios externos y postergación de las cirugías programada para ayer.
La medida de fuerza fue anunciada hace un mes y desde entonces la Mesa de Salud mantuvo reuniones con funcionarios del gobierno nacional, entre ellos el ministro de Salud, Ginés González García, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, pero las negociaciones no alcanzaron para impedir el paro. “Mantenemos expectativas en la negociación”, comentó Mamonni a este diario y precisó que últimamente están teniendo conversaciones con Alberto Fernández.
Por su parte, los médicos y profesionales del sector público reclaman salarios de 1800 pesos y en señal de protesta ayer marcharon desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo.
Página/12 intentó hablar con Ginés González García y con el superintendente de Servicios de Salud, Rubén Torres (de quien depende el sistema de obras sociales), pero ambos funcionarios se encuentran en Europa, adonde viajaron para participar de la Cumbre de Ministros de Salud de Iberoamérica. Voceros del PAMI indicaron que la deuda de la obra social con los prestadores –acumulada entre diciembre de 2001 y julio de 2002– se consolidó en el Estado Nacional. “La tiene que pagar el Ministerio de Economía y lo va a hacer con bonos. Pero la estamos certificando. Las clínicas reclaman unos 500 millones de pesos, pero estimamos que, en realidad, es de alrededor del 20 por ciento de esa cifra. Están reclamando prestaciones que no dieron y que brindaron hospitales públicos”, indicó a este diario un allegado a la interventora Graciela Ocaña.
Actualmente, unos 12 millones de personas tienen cobertura médica a través de obras sociales (gremiales, provinciales y nacionales), 3,5 millones por el PAMI, unos 2 millones por prepagas, y el resto, aproximadamente la mitad de los habitantes del país, carece de seguro de salud y se atiende en el sistema público.
El otro gran reclamo es un mayor presupuesto para salud a los gobiernos provinciales. “Los hospitales de provincias como Formosa, Chaco y Salta están con muchísimas dificultades por falta de insumos. En todo el país, la atención pública tiene una sobrecarga por la crisis de las obras sociales”, indicó Pérez Laborda. “Si no obtenemos respuestas satisfactorias a nuestros reclamos volvemos a parar el 13 y 14 de octubre”, anunciaron ayer.