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“La Ley de Etica Pública establece que las declaraciones juradas sean públicas en todos los poderes. El cumplimiento de esa norma tiene un fuerte sentido simbólico: mostrar que los jueces no están al margen de la ley y que no tienen privilegios”, dice Andrea Pochack, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Nosotros no queremos saber la dirección y los números de cuenta de los jueces. Oponer ese argumento invocando la inseguridad es una chicana. Lo que importa es que alguien los controle. En este momento nadie tiene constancia de que la Corte esté supervisando la entrega de declaraciones juradas”, agrega la abogada. El CELS también viene reclamando, en el mismo sentido, que los magistrados paguen impuesto a las ganancias, un tema pendiente de tratamiento en el máximo tribunal. “Lo que se busca es crear un entorno de transparencia que complique la corrupción”, sostiene María Julia Pérez Tort, de Poder Ciudadano, en respuesta a los jueces que dicen que la publicidad del patrimonio no revierte las conductas corruptas. “La otra discusión es por los datos sensibles que se den a conocer, pero es evidente que para secuestrar a alguien no hace falta su declaración jurada”, dice la experta.