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El juez federal Sergio Torres reclamó formalmente a España la extradición del represor Juan Carlos Fotea, quien fue detenido en ese país el 24 de noviembre pasado por su participación en el asesinato del periodista Rodolfo Walsh. La Justicia madrileña, que también lo procesó por delitos de lesa humanidad, debe decidir ahora si envía al ex policía a Buenos Aires.
Torres inició el trámite de extradición la semana pasada. El magistrado acompañó el pedido con el procesamiento de Fotea –realizado sólo a los fines de esta diligencia, ya que aún no pudo interrogarlo– y la documentación requerida por el convenio bilateral entre Argentina y España en materia de asistencia internacional en materia penal. La solicitud –que se mandó por la vía diplomática pero que también fue adelantada por fax al juez Fernando Andreu– incluye el pedido de indagatoria de Fotea, el auto a través del cual se lo declaró “en rebeldía” y se ordenó su captura internacional, sus datos filiatorios y fichas dactiloscópicas.
A fines de octubre, Torres ordenó la detención de dieciséis represores –más dos que estaban fallecidos– involucrados en el operativo del 25 de marzo de 1977 que terminó con el asesinato del autor de Operación Masacre. Diez de ellos están actualmente en prisión y hoy se conocerían sus procesamientos (ver aparte). Otros cinco están prófugos. Son el marino Jorge Vildoza, los policías Roberto González, Pedro Salvia y Juan Carlos Linares y el oficial del Servicio Penitenciario Federal Gonzalo Sánchez. Fotea, a quien sus víctimas conocieron con los apodos de “Lobo” o “Fernando”, estaba en esa misma situación hasta el 24 de noviembre pasado, cuando fue detenido en Madrid. Según él mismo aseguró, vive en esa ciudad desde 1985, cuando viajó junto al ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti.
Como el represor también figuraba como acusado en la causa en la que el juez español Baltasar Garzón investigó las violaciones a los derechos humanos en Argentina durante la última dictadura, fue interrogado en Madrid por esos hechos. El magistrado Fernando Grande Marlaska decretó el lunes su prisión preventiva. De esta forma, si no llegara a prosperar la solicitud de extradición enviada por Torres, Fotea podría ser juzgado en España, como el ex marino Adolfo Scilingo.
Por el momento, el juez Andreu debe expedirse acerca de si el represor puede viajar a Argentina para ser investigado por el asesinato de Walsh. Pero Torres también especificó en el escrito que remitió a Madrid que el ex policía podría ser imputado aquí por otros crímenes perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Walsh fue interceptado cerca del cruce entre San Juan y Entre Ríos por un grupo numeroso de personas entre los que había militares y miembros de diferentes fuerzas de seguridad en la tarde del 25 de marzo de 1977. El objetivo era llevarlo a la ESMA para torturarlo, pero Walsh se resistió. Después de un tiroteo, finalmente llegó a la ESMA, aunque lo habrían conducido allí sin vida. El ex detenido Martín Grass vio el cuerpo del periodista en ese centro clandestino. Estaba tirado en uno de los pasillos y atravesado por una ráfaga de ametralladora. Hasta hoy, Walsh sigue desaparecido.
El 26 de marzo de 1977, por la madrugada, los represores saquearon la casa del escritor y se llevaron, entre muchas otras cosas, originales de su obra inédita. Algunos de esos escritos fueron vistos en el tercer piso del casino de oficiales de la ESMA por personas que estaban secuestradas en ese sitio. Entre los documentos, estaba la Carta Abierta a la Junta Militar que Walsh había llevado al correo el día de su asesinato. Allí, el periodista denunciaba a los planificadores y ejecutores del terrorismo de Estado.
Si, como se prevé, finalmente Fotea es extraditado a la Argentina sería juzgado por privación ilegítima de la libertad agravada y robo en banda, delitos que además serían calificados como de lesa humanidad.