[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Desde el 1º de enero tendrá nuevo juez la controvertida causa por las 194 muertes ocurridas en el boliche República Cromañón. La designación como juez subrogante, en reemplazo de la titular del juzgado, María Angélica Crotto, recayó sobre Néstor Costabel, quien venía desempeñándose como secretario del Tribunal Oral número 4 de la Capital Federal. Costabel será el tercer magistrado a cargo del voluminoso expediente, que ya acumula más de 180 cuerpos. Crotto estuvo apenas un mes al frente del caso y luego pidió licencia por enfermedad. El grueso de la investigación lo hizo el juez Julio Lucini, también subrogante, quien procesó a treinta personas en la causa y ahora fue nombrado para ocupar en forma provisoria la vocalía número 7 de la Cámara del Crimen porteña. El juez Costabel fue elegido por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura y asumirá el primer día del año próximo, siempre y cuando Crotto renueve su pedido de licencia por enfermedad, que vence el 31 de diciembre. El nombramiento de Costabel fue cuestionado, con matices diferentes, por Fernando Soto y José Iglesias, dos de los abogados querellantes de las víctimas del incendio ocurrido el 30 de diciembre del año pasado.
Costabel, quien hace 21 años ingresó al Poder Judicial, tiene quince años de experiencia en instrucción penal, aunque nunca fue juez de ese fuero. Dos de los miembros de la Comisión de Selección, Beinusz Szmukler y Eduardo Orio, cuestionaron el nombramiento de Costabel “por esa falta de experiencia como juez de instrucción”, confió a Página/12 un vocero del Consejo de la Magistratura. “Szmukler argumentó que para esta causa se necesitaba una persona con trayectoria y por eso opinó que el cargo tenía que ser ocupado por Horacio Azzolín”, que integraba –en segundo lugar, detrás de Costabel– la terna propuesta por la Cámara del Crimen.
La designación de Costabel se resolvió con los votos a favor de los consejeros Joaquín Da Rocha, Humberto Quiroga Lavié, Juan Carlos Gemignani, Bindo Caviglione Fraga, Claudio Kiper, Victoria Pérez Tognola y Luis Pereira Duarte. El argumento central de la mayoría fue el de “confiar en el buen criterio de los miembros de la Cámara del Crimen, que son quienes más conocen la trayectoria y las cualidades de los miembros del Poder Judicial”, dijo la fuente consultada por este diario. Horacio Azzolín fue nombrado para reemplazar al juez Roberto Murature. El tercer aspirante a tomar la causa Cromañón era Pablo Ormachea.
En la misma reunión del Consejo de la Magistratura, el juez Lucini fue designado para integrar la Cámara del Crimen, ante las renuncias de los camaristas Guillermo Navarro y Carlos Elbert, y la licencia por enfermedad de Carlos Gerome. Los otros dos cargos, provisorios, serán ocupados por los hasta ahora jueces María Nocetti de Angeleri y Alberto Seijas.
El nuevo juez de la causa Cromañón, Néstor Costabel, ingresó al Poder Judicial en el año 1984 y se recibió de abogado en 1992, en la Universidad de Buenos Aires. Diez años más tarde obtuvo el título de especialista en Derecho Penal en la Universidad del Salvador.
Luego de ocupar cargos en juzgados correccionales y criminales, desde 1993 se venía desempeñando como secretario del Tribunal Oral 4 de la Capital Federal. Se presentó en dos concursos para ser juez en lo correccional y de ejecución penal, pero no logró ocupar ninguno de esos cargos.
Costabel asumirá como juez subrogante en la causa Cromañón el 1º de enero, si la juez titular María Angélica Crotto renueva su pedido de licencia por enfermedad. El retiro de Lucini generó preocupación entre los familiares de las víctimas del incendio, que estaban “muy conformes” con el desempeño del magistrado.
Fernando Soto, uno de los abogados querellantes, cuestionó que las designaciones de jueces “se sigan haciendo a través del Consejo de la Magistratura, sin acuerdo del Senado, como marca dentro la Constitución”. Soto manifestó que si bien “este mecanismo se hizo para agilizar los nombramientos y cuenta con el aval de una acordada de la Corte Suprema, no deja de ser inconstitucional”. El letrado opinó que se trata de designaciones “de jueces que no son jueces, son secretarios que se convierten en jueces ad hoc y que si hay un cambio en la composición de la Corte, o una modificación en el actual criterio, podrían ser cuestionados y la causa quedaría a fojas cero”.
José Iglesias, abogado querellante y padre de una de las víctimas, admitió que “todo cambio de juez siempre ha generado dudas sobre cómo sigue la causa”. Sostuvo, además, que “el nombramiento de secretarios ha generado problemas en algunos casos, (y puede causarlos) sobre todo en una causa tan complicada como la de Cromañón; a veces, la camisa les queda un poco grande”. De todas maneras, confió en que “las dudas que ahora tenemos queden desmentidas por el comportamiento del nuevo juez”.