“La reforma respeta el equilibrio. En el Consejo de la Magistratura, abogados somos todos”, dijo el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, que también es consejero. La ironía tenía un fin: justificar, una vez más, el achicamiento del organismo que elige y remueve a los jueces que, según el proyecto que salió del Senado, provocaría el mayor recorte en el sector que representa a los abogados y académicos, aunque también afectaría a los jueces y las segundas minorías parlamentarias. “No está en duda que tendremos los votos en Diputados, pero cuanta más gente nos acompañe, mejor”, señaló Kunkel a Página/12. En el bloque K de la Cámara baja llevan un conteo propio y prevén cosechar al menos entre 135 y 140 votos. Los posduhaldistas más distanciados del Gobierno dijeron que podrían sumarse si se modifican los puntos polémicos. En la Casa Rosada aceptan conversar.

Según los planes que el oficialismo mantiene en pie, el proyecto para reducir el Consejo de la Magistratura de 20 a 13 miembros se debatirá en febrero en Diputados. “Aunque nos digan que es fascismo, nuestra propuesta respeta la equidad con seis representantes del Poder Legislativo, seis de los otros sectores y uno del Ejecutivo”, dijo Kunkel a este diario. “Los jueces, abogados y académicos votan doble: como ciudadanos eligen a los legisladores y votan en los colegios a sus representantes en el Consejo”, añadió. En el organismo “somos todos abogados”, insistió, con aire mordaz.

Esta semana el presidente de la Cámara baja, el kirchnerista Alberto Balestrini, se instaló en su despacho y mantiene reuniones a la pesca de aliados. Por teléfono intercambia conteos con el jefe de la bancada, Agustín Rossi. Para que se apruebe la reforma necesitan una mayoría especial (129 legisladores). En sus cálculos, incluyen el apoyo de todos los que votaron el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, incluso los que lo hicieron con disidencias.

El oficialismo asegura que cuenta, de base, con: 118 kirchneristas, Eduardo Lorenzo Borocotó, al menos cinco diputados alienados con Adolfo Rodríguez Saá, dos sanjuaninos, posduhaldistas como Carlos Ruckauf, José María Díaz Bancalari y Jorge Landau, al correntino Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes), Ricardo Wilder de Tierra del Fuego (que responde al neokirchnerista Hugo Cóccaro). También apuestan a la adhesión de radicales afines como el ex gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, dos santiagueños, dos catamarqueños y dos mendocinos. Los legisladores del cordobés Luis Juez aún están en duda. Norma Morandini dijo que se opondrá.

“No hay razones para modificar el proyecto original”, sostuvo Kunkel. Otras voces de peso en el bloque admitieron a Página/12 que “es probable que alguna modificación tengamos que conversar”. A la cabeza de los duhaldistas duros, Eduardo Camaño dijo ayer: “Algunos de nuestros legisladores plantearon disidencias parciales, que pueden levantarse si se modifica el proyecto”. Camaño especificó que discrepa con “el sistema de mayoría que propone el proyecto, con otros cambios podemos estar de acuerdo”. Si el bloque Peronista Federal se pliega al plan K, el oficialismo sortearía la votación cómodamente. El primer guiño ya lo dio Díaz Bancalari al opinar que no le parece “una mala propuesta”.

En la Magistratura actualmente la designación de jueces y los juicios políticos se aprueban por mayoría de dos tercios. Esto no se modifica en el esquema que votó el Senado, a propuesta de Cristina Kirchner, pero el kirchnerismo se quedaría con el poder de veto sobre esas decisiones. En el Gobierno, sin embargo, dicen estar dispuestos a estudiar otro sistema como el de mayoría absoluta (la mitad más uno) y resignar así la posibilidad de bloquear, que es uno de los puntos que más críticas recibió.

Desde PRO, Jorge Vanossi, afirmó que votarán contra la reforma “porque es un error, no mejora al Consejo”. José Brillo, del Movimiento Popular Neuquino, dijo que es “un atropello al a Constitución”.

Pese a que el Gobierno cuestiona a “las corporaciones” del Consejo, Kunkel defendió a los jueces: “Los juicios políticos deben tener un plazo”. “Queremos una Justicia acorde al capitalismo moderno”, abundó.