En el mayor de los silencios, el Gobierno decidió el reemplazo de quien hasta hace poco era titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Rubén Torres. Ese organismo maneja uno de los presupuestos más altos del Estado después de la Anses y el PAMI: se encarga de distribuir los fondos de las obras sociales que se recaudan con los descuentos salariales. Torres era un especialista, de reconocida capacidad técnica, muy vinculado al ministro de Salud, Ginés González García, y al hombre fuerte del gremio de Sanidad, Carlos West Ocampo. El lugar que ya dejó vacante Torres –presentó la renuncia hace unos días– será ocupado en unas semanas por el secretario de Descentralización porteña, Héctor Capaccioli, acompañado por dos especialistas, uno de su confianza y otro relacionado al jefe de la CGT, Hugo Moyano.

La salida de Torres significa un golpe para Ginés. Al mismo tiempo, expresa un fortalecimiento del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, de quien Capaccioli es un soldado incondicional. La novedad se produce en el marco de un debate importante entre ambos –que Página/12 anticipó en detalle hace tres meses– por el destino del superávit que registra el PAMI. Mientras Ginés proponía usar ese dinero para fortalecer al sistema de salud privado, el jefe de Gabinete apoyaba a la titular de la obra social, Graciela Ocaña, quien se resistía a usar esos fondos para socorrer a las empresas prepagas y obras sociales. En esa discusión parecen correr con ventaja Ocaña y su segundo de entonces, el hoy ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Nadalich.

Con esas diferencias de fondo, el contrapunto fue ganando en intensidad a partir de ciertos descubrimientos. Como anticipó este diario a fines de octubre, la gestión de Torres en la Superintendencia comenzó a ser supervisada desde la misma Presidencia. “Se lo monitoreó durante algunos meses. No hay que olvidar que los números de las obras sociales no son números chiquitos”, admitió a Página/12 un miembro del oficialismo que conoce la problemática del área de salud. La revisión de los números habría deparado algunas sorpresas. “Se descubrió que priorizaba algunas obras sociales en detrimento de otras. No precisamente de las más kirchneristas”, aseguró la fuente, que obviamente pertenece al kirchnerismo más puro.

Según los miembros del oficialismo, el monitoreo de los números de la Superintendencia habría arrojado otra sorpresa: aseguran que vía algunas obras sociales sindicales se habría colaborado con la campaña de Chiche Duhalde. El dato, previsiblemente, no podía caer demasiado bien en el Gobierno. Tanto revuelo desencadenó el alejamiento de Torres. El ahora ex titular de la Superintendencia presentó la renuncia hace diez días. Aunque hubo algunos intentos para parar la salida, Kirchner no se hizo eco y aceptó la dimisión. Torres no volverá al llano. Ocupará un cargo en Washington en representación del Ministerio de Salud.

La salida de Torres no será el único cambio en el organismo que distribuye los fondos de las obras sociales. Por decisión de Kirchner, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se fusionará con la Administración de Programas Especiales (APE). Ese organismo se encargaba de rescatar a las obras sociales deficitarias (que son muchas). La unificación dará más poder a quien ocupe la nueva estructura, Capaccioli. Ayer, en el Gobierno precisaban que el saliente secretario de Descentralización desembarcará junto con dos especialistas en gestión de la salud. Sus apellidos son Vázquez y Biani.

La Superintendencia también es clave en la fijación del valor de la cápita para los afiliados de las obras sociales sindicales que deciden permanecer en sus mutuales en vez de pasar al PAMI. La Superintendencia, junto con el PAMI y la Anses, establece el monto que reciben los gremios en compensación por jubilado que permanece en la obra social. La cápita es el precio fijo mensual que el PAMI paga por la atención de cada afiliado.