“Es grave”, dijo el canciller Reinaldo Gargano cuando le preguntaron cómo calificaba el gobierno de Uruguay la decisión argentina de ir a la Corte de La Haya por las papeleras. “Grave” e “importante” fueron las dos palabras utilizadas por la administración de Tabaré Vázquez en respuesta al anuncio; el canciller sostuvo, en ese sentido, que la iniciativa implicaría “desconocer la institucionalidad del Mercosur”. Sin embargo, los adjetivos quedaron opacados por otras consideraciones del propio funcionario: Gargano estimó que el juicio podría durar hasta una década y mientras tanto, ratificó, las papeleras seguirán adelante. “Vamos a continuar con la instalación de las plantas en el lugar donde están y con su metodología no contaminante. Es una decisión ya adoptada”, sostuvo.

“La posibilidad de que se llegue a plantear la cuestión ante el Tribunal Internacional de La Haya me parece un paso grave que coloca el tema en una situación inédita hasta ahora”, señaló el funcionario al criticar la postura argentina. La medida, añadió, “desconoce o pasa por encima” al “tribunal de carácter supranacional y obligatorio” que los países del Mercosur crearon en una reunión del bloque en Buenos Aires para solucionar sus diferencias.

Por otra parte, el canciller anticipó que si los vecinos de Gualeguaychú vuelven a cortar el tránsito en el puente internacional a Fray Bentos, su gobierno se quejará a la Casa Rosada y pedirá que el tema sea tratado en el Mercosur.

El próximo lunes, en Montevideo, la Comisión Binacional creada por Kirchner y Vázquez para buscar un acuerdo sobre las plantas de Botnia y Ence tendrá su última reunión. Las negociaciones intentadas en ese espacio no tuvieron avances, por lo que se darán a conocer dos dictámenes en lugar de uno. Ayer, luego del anuncio de que se irá a La Haya, hubo versiones de que la Argentina no enviaría su delegación a este último encuentro, y difundiría su informe directamente desde Buenos Aires. Pero la Cancillería local lo desmintió.

A pesar del fracaso de la Comisión Binacional, la semana que viene será clave en el conflicto. Habrá que ver si se abre un nuevo espacio de negociación entre los gobiernos de Uruguay y Argentina. Para los vecinos que se oponen a la instalación de las papeleras y para las organizaciones ambientalistas, la demanda ante los tribunales internacionales no resuelve el núcleo del problema, que es la necesidad de fijar reglas de producción limpia a las plantas. “La industria del papel está en expansión a nivel mundial. Botnia y Ence son las primeras dos firmas en llegar a la región; detrás de ellas van a venir otras, tanto al Uruguay como a la Argentina. Que nuestros gobiernos no establezcan reglas consensuadas para su instalación implicará que las fije el mercado”, señaló Juan Carlos Villalonga, de Greenpeace. La organización reclamó por esto a los dos países que “agoten las instancias de diálogo”.

También Héctor Rubio, el delegado de la asamblea de Gualeguaychú ante la Comisión Binacional, consideró que depender exclusivamente del recurso ante La Haya los perjudicaría. “La Corte se va a tomar como mínimo 5 años; cuando haga el dictamen, ya vamos a estar todos contaminados.”

Rubio agregó que en negociaciones informales que se realizaron en el marco de la Comisión Binacional, la Argentina había avanzado “en una propuesta de producción limpia para toda la región, sobre la base del planteo de Greenpeace, con la propuesta de involucrar además como garantes a los gobiernos de Finlandia y España”, países de origen de Botnia y Ence. “Con esta salida gana la Argentina y gana el Uruguay, aunque las empresas deberían destinar casi el 40 por ciento de sus ganancias previstas al control ambiental”. Según Rubio, el planteo “había empezado a tener un pequeño consentimiento del Uruguay”. Fuentes de la Cancillería argentina discreparon con esta evaluación, y recordaron que el gobierno de Tabaré Vázquez calificó como una “tontería” la idea de que las plantas se pasaran a la tecnología libre de cloro propuesta por Greenpeace.