La reticencia de las multinacionales hidrocarburíferas a dejar una mayor porción de los recursos naturales extraídos del territorio boliviano en la economía del país constituye una de las claves más potentes para comprender el ascenso al poder del líder indígena Evo Morales. No es casual, entonces, que terminar con los abusos transparentando las relaciones de propiedad de las reservas comprobadas sea el primer movimiento de reacción del nuevo régimen.

Sobre un Producto Interno Bruto (PIB) próximo a los 9000 millones de dólares, las exportaciones bolivianas rondaron el último año los 2350 millones, con un superávit de la Balanza Comercial de apenas 150 millones. El grueso de las ventas fueron recursos naturales; hidrocarburos, soja y minerales (oro, zinc y estaño). Sólo las de gas sumaron más de 600 millones de dólares. Los destinos para los hidrocarburos fueron dos: la Argentina y Brasil. La totalidad de las ventas consistió en operaciones intrafirma. Repsol Bolivia le vendió a Repsol Argentina, Pluspetrol Bolivia a Pluspetrol Argentina, Petrobras, filial Bolivia, a Petrobras Brasil. Los precios pactados fueron entre 2 y 6 veces menores a los del mercado internacional.

En materia de regalías, el dato presenta una advertencia para la futura reglamentación de la Ley de Hidrocarburos; no es lo mismo el 50 por ciento de 2 dólares que el de 6. Las mismas transnacionales exportadores son también las que controlan los gasoductos y plantas de separación de gas. El mapa de los gasoductos descubre la anatomía de la “guerra del gas” iniciada oficialmente en 2003 en Cochabamba. El gasoducto que llega a San Pablo, Brasil, transporta actualmente unos 30 millones de metros cúbicos diarios. El que llega a la frontera argentina lleva unos 7,5 millones. En cambio, el que transporta el recurso al mercado interno, desde el oriente, donde se encuentran alrededor del 85 por ciento de las reservas, hasta La Paz y Oruro, en el oeste, lleva apenas 0,4 millones.

Transredes, el consorcio operador constituido por la estadounidense Enron y la anglo-holandesa Shell, sostenía hasta ahora que la ampliación del ducto, hoy saturado, resultaba antieconómica. En tanto, se proyectan expandir las exportaciones a Brasil hasta los 70 millones de metros cúbicos diarios y a la Argentina a 30 millones.

No obstante, el consorcio Enron-Shell no se equivoca cuando considera antieconómica la ampliación de la red de distribución interna. De los 9 millones de bolivianos, algo más del 60 por ciento es pobre, una cifra que prácticamente coincide con el 63 por ciento de población indígena. Del total de pobres, la mitad es indigente. Del 37 por ciento restante de población blanco mestiza, es la minoría blanca la que detenta el poder económico y, hasta poco tiempo atrás, el político.

En este contexto, no serán las leyes del mercado las que volverán económicamente viable la ampliación de la red interna, sino la decidida acción del Estado induciendo un proceso de desarrollo. El camino proyectado es la industrialización local de los recursos naturales. La administración del MAS sabe que cuenta con los recursos para hacerlo. De acuerdo con las estadísticas de British Petroleum, Oil & Gas Journal, World Oil, Idicso-USal, Cedigaz y la OPEC, las reservas gasíferas de Bolivia se encuentran cerca de los 800.000 millones de metros cúbicos. Esta cifra representa el 10,6 por ciento de las reservas de América latina, donde Venezuela posee el 57,1 por ciento, Trinidad y Tobago el 10 y la Argentina el 8,3 por ciento.

A la vez, las reservas latinoamericanas son apenas el 4,2 por ciento de las mundiales. Según un trabajo del investigador del Idicso Ricardo de Dicco, de no mediar nuevos descubrimientos y manteniendo el ritmo de exportaciones proyectadas, Bolivia contaría con gas sólo hasta el año 2027. Los recursos para financiar el desarrollo no son infinitos. Las estadísticas oficiales, en cambio, son más optimistas. YPFB (Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos) consideraba en 2004 que las reservas podrían durar 111 años.