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Para Fernando de la Rúa las denuncias sobre lavado de dinero realizadas por la diputada Elisa Carrió “nunca se probaron”, pero iniciaron el clima de incertidumbre” que habría propiciado, según el ex presidente, la corrida bancaria de fines de 2001 que derivó en el “corralito”. El radical formuló su descargo ante el Tribunal de Etica del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) porque el letrado Juan Pandis solicitó sanciones disciplinarias en su contra por haber creado en forma inconstitucional la restricción bancaria. De la Rúa también acusó a “los medios que presagiaron la corrida, creándola” y a “algunos bancos que la impulsaron”.
En un escrito de 15 carillas, el ex presidente cuestionó además la “rapidez” con la que se concedieron medidas cautelares que permitieron retirar los fondos de los bancos a algunos ahorristas, pero vaticinó que “luego del colapso nadie, ni los que están dentro de las excepciones, podrán lograrlo” porque consideró que “en la práctica, y a pesar de algunas medidas que ha dispuesto la Corte Suprema, hoy nadie, ni los más necesitados, pueden obtener soluciones con cierta rapidez”. En una explícita defensa de su gestión, adujo que con el primer corralito, al que llama “bancarización”, se trataba de “evitar el quiebre o colapso del sistema financiero”. Y recordó que las restricciones que establecía eran “estrictamente temporarias, sólo afectaban el retiro del dinero en efectivo por encima de determinados topes, no impedían la libre disposición del dinero dentro del sistema financiero ni alteraban la modalidad ni la moneda bajo la cual se habían efectuado los depósitos, ni mucho menos se reprogramaba su fecha de cancelación”.
Acusado de violar la Carta Magna, el ex presidente expresó que “el deber constitucional imponía proteger el interés nacional y evitar que el sistema financiero operase en condiciones que provocarían una crisis financiera total”. Asesorado por sus abogados Fernando Díaz Cantón y Miguel Almeyra, De la Rúa criticó también la actitud de la Corte Suprema al recordar que respecto del corralito adoptó una posición en el caso “Smith” y al poco tiempo dijo lo contrario en el fallo “Kiper”.
Al enterarse de la acusación, la diputada Carrió le aconsejó al ex presidente que le pregunte al ex jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, sobre el agravamiento de la situación económica que precedió a su renuncia a la Presidencia de la Nación. “En vez de atacarme a mí, que le pregunte a Colombo, que él de sistemas financieros conoce”, afirmó ayer la legisladora antes de iniciar un viaje a la provincia de Jujuy. De la Rúa escribió que “las denuncias de enero de 2001 sobre lavado de dinero de cerca de 9000 millones de pesos de la diputada Elisa Carrió, aunque nunca se probaron, iniciaron el clima de incertidumbre para ese año”.
En otro segmento de su presentación ante el CPACF, el ex presidente negó competencia al Tribunal de Etica para juzgar su conducta como jefe de Estado. Al respecto, Díaz Cantón explicó que el caso es ajeno a la competencia de ese organismo. “La decisión de De la Rúa no fue como abogado sino como Presidente, y aunque no defiendo el corralito sostengo que el decreto era transitorio y respetaba el origen de los depósitos, mientras que (el presidente Eduardo) Duhalde implementó el corralito por largo tiempo, pesificó y devaluó los depósitos”, argumentó el letrado. Y recordó que durante el ejercicio de la Presidencia, de acuerdo a la ley, estuvo suspendida su matrícula como letrado.