El Estado argentino y los integrantes de la agrupación Memoria Activa, acompañados por el CELS, participaron ayer de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para evaluar la marcha de todo lo que tiene que ver con el caso AMIA. En el encuentro, Memoria Activa, que agrupa a familiares de las víctimas y otros adherentes, señaló que existieron avances en la actuación del Estado, pero insuficientes y de incomprensible lentitud, por lo que pidió un plazo concreto para que se dicten los decretos para transparentar el sistema de utilización de fondos reservados en la SIDE, el más fácil acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en investigaciones de hechos de terrorismo, la creación de una unidad de catástrofes y, sobre todo, que la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia presente un plan para avanzar en la investigación y en el enjuiciamiento de los funcionarios del menemismo y la Justicia, que plantaron las pruebas falsas que llevaron a un punto muerto la pesquisa. El representante del Estado argentino enumeró los avances realizados durante el último año, el compromiso del presidente Néstor Kirchner y sostuvo que efectivamente restan cumplir algunos de los puntos comprometidos ante la CIDH.

La audiencia fue presidida en la OEA por el salvadoreño Florentín Menéndez, quien es el relator de la CIDH para los casos planteados en Argentina. Por el Estado argentino estuvieron el secretario de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carreras, y el secretario de Política Criminal, interinamente a cargo de la Unidad AMIA, Alejandro Slokar. Por Memoria Activa participaron Diana Malamud y el abogado Pablo Jacoby, acompañados por el nuevo director ejecutivo del CELS, Gastón Chilliers.

Los representantes de Memoria Activa insistieron en la lentitud del Ejecutivo en dictar las leyes y decretos que tienen que ver con la SIDE y la unidad de emergencias y plantearon la necesidad de que exista, ya mismo, un cronograma de cómo va actuar la Unidad AMIA para llevar a la Justicia a los funcionarios del Estado, de la SIDE, las policías y el gobierno de Carlos Menem, responsables de haber desviado la pesquisa. Malamud también mencionó que debe haber más resultados en la misma investigación del atentado, aunque eso entra más en el terreno judicial, el de la fiscalía especial que encabeza el fiscal Alberto Nissman. Malamud recordó, por ejemplo, que están pendientes los estudios de ADN para probar quién fue suicida en el atentado. El abogado Jacoby, por su parte, sostuvo que “ha quedado claro que ante la proximidad de esta audiencia, la intervención del ministro de Justicia, Alberto Iribarne, y del secretario Slokar facilitó que el Estado pueda avanzar a paso más veloz en las últimas semanas, pero necesitamos que se establezca un plazo razonable para cumplir con los puntos faltantes, entre otros, para que la Unidad AMIA realice una presentación en la causa por el encubrimiento del atentado, impulsando la investigación y redefiniendo el universo de imputados”.

En diálogo con este diario, Slokar, desde Washington, explicó que al cierre de esta edición se estaba labrando un acta-compromiso de plazos, con un cronograma para avanzar en los puntos que el Estado todavía debe cumplir. “El relator Florentín Menéndez resaltó la voluntad del Gobierno y del presidente Kirchner –dijo Slokar– y sostuvo que el Ejecutivo argentino ha exhibido decisión de avanzar. No veo un clima de confrontación.”