El Comité Nacional del radicalismo ratificó ayer su decisión de expulsar a sus cinco diputados que votaron a favor de la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por el kirchnerismo, pero elevó el pedido a la Convención Nacional partidaria para que resuelva –sin fecha– la aplicación de la medida. El presidente de la UCR, Roberto Iglesias, había amenazado con renunciar si no se respaldaba su pedido de sancionar a los rebeldes, mientras los gobernadores de Corrientes, Arturo Colombi; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral; de Mendoza, Julio Cobos, y de Río Negro, Miguel Saiz, se opusieron a la decisión y se niegan a sancionar a sus legisladores cuestionados.

La reunión fue a puertas cerradas y el debate –según algunos de sus participantes– “no fue tan sanguíneo” como se preveía y se alcanzó una “postura conciliadora” para que la sangre no llegue al río. “En referencia a lo sucedido en el debate legislativo por la reforma del Consejo de la Magistratura y de la actitud de varios diputados radicales de no acompañar la posición del partido y del bloque que integran, se resuelve respaldar al presidente de la UCR, Roberto Iglesias, y requerir a la honorable Convención Nacional sustancie el trámite correspondiente”, dice el escueto comunicado partidario tras el encuentro.

La suerte de la filiación partidaria de los diputados que respaldaron en el Parlamento el proyecto oficialista quedó en manos de la Convención que preside Adolfo Stubrin y que aún no tiene fecha para sesionar. Los cuestionados Genaro Collantes, de Catamarca; Daniel Brue y Cristian Oliva, de Santiago del Estero, y Hugo Cuevas, de Río Negro, seguirán en la bancada de la UCR en la Cámara baja hasta que haya una resolución definitiva. Mientras que el correntino Ricardo Colombi ya abandonó el bloque por las suyas. Todos los gobernadores radicales –a excepción del chaqueño Roy Nikisch– criticaron duramente el pedido de sanción disciplinaria.

La resolución evitó que Iglesias concrete la amenaza de renunciar a la presidencia del Comité Nacional si no se avanzaba en las sanciones y abrió la discusión sobre la “federalización” partidaria. “Debemos sentarnos a una mesa de discusión a los efectos de tener un perfil claro de nuestro partido”, dijo Iglesias tras la reunión, y remarcó que “se requiere de la voluntad de aquellos que sentimos nuestra pertenencia al partido para debatir cuál es el rol y qué estrategia debe tener el radicalismo”.

Puertas adentro, Iglesias fue más concreto con los ejemplos: “No podemos ser como un matrimonio que duerme en camas separadas y a veces fuera de casa”. El santiagueño Ricardo Daives, vicepresidente segundo de la UCR, salió en defensa de los diputados cuestionados con el argumento de que no se tomó la misma medida con Fernando de la Rúa ni ninguno de los radicales que ahora militan o son legisladores del PRO o del ARI. El vicepresidente primero, el chaqueño Mario Jaraz, fue el más beligerante: insistió con sanciones y dijo que “hay que sacarles el sello partidario, que después terminan como Colazo”, en referencia el ex gobernador fueguino que dejó la UCR para pasarse al kirchnerismo y terminó destituido. El debate recién empieza.