Por segundo día consecutivo, la (otrora) apacible ciudad de Las Heras vivió ayer una jornada de pura convulsión. Por orden de la jueza que investiga el crimen del policía Jorge Sayago, Graciela Ruata de Leone, la policía provincial detuvo a once hombres, la gran mayoría vinculados al trabajo petrolero. Los detenidos quedaron incomunicados. La jueza les imputa los cargos de homicidio calificado y coacción agravada. Después de las detenciones, que se realizaron ayer a la tardecita, fueron trasladados desde Las Heras a distintas comisarías del Norte de Santa Cruz. Al imputarles homicidio calificado, que prevé una pena de 25 años, la magistrada los está culpando por las agresiones –un golpe en el cráneo con un fierro, un puntazo por la espalda y patadas por todo el cuerpo– que terminaron con la vida de Sayago. Entre los detenidos se encuentra un delegado del gremio del petróleo, Adrián Saucedo, y operarios de la empresa Indus, que emplea bajo el convenio de la construcción a trabajadores que realizan tareas vinculadas con la actividad petrolera.

Las detenciones volvieron a sacudir a Las Heras, que desde el crimen de Sayago –en la madrugada del 7 de febrero– no puede recuperar su rutina habitual. El miércoles, la jueza había dictado el procesamiento a los primeros cinco presos del caso. A cuatro les imputó homicidio calificado y coacción agravada, al quinto lo procesó sólo por este último delito. Las novedades continuaron ayer a la tardecita. Bajo el mando del comisario Marcial Gallegos, jefe de la Brigada de Investigaciones de Caleta Olivia, la policía efectuó dos procedimientos para detener a once personas. Uno se hizo al costado del predio de la empresa Indus. Allí fueron detenidos tres obreros, Darío Morales, Juan Córdoba y el delegado Saucedo.

La abogada laboralista Raquel Coronel, ligada al Movimiento Socialista de los Trabajadores y al cuerpo de delegados del gremio, presenció esas detenciones. “Un policía de apellido Angulo se bajó de la camioneta del GOE y comenzó a señalarlos. Era un policía del pueblo, de Las Heras. Vamos a presentar un hábeas corpus generalizado para todo el pueblo. Acá no nos funcionan los celulares y hasta cortaron Internet. Para comunicarnos con Buenos Aires tenemos que usar faxes”, dijo a Página/12. Las demás capturas se realizaron a la misma hora en la ruta 18, a la salida de Las Heras, en el camino que usan los petroleros que vuelven de trabajar en el yacimiento de Los Perales, ubicado a unos 40 kilómetros. “Teníamos el dato de que salían de franco en ese horario y se procedió a identificar a quién se buscaba”, explicó Gallegos. En ese lugar se detuvo a ocho hombres.

La lista completa de esta última ronda de detenciones comenzó a circular anoche. Aunque en el juzgado mantenían las identidades en reserva –se extendió el secreto de sumario–, los abogados y las familias de los petroleros hicieron un relevamiento de nombres y apellidos. Los nombres son los ya citados Saucedo, Morales y Córdoba, más Daniel Aguilar; Enrique Aguilar; Pablo Mansilla; José Rosales; Franco Gómez; Jorge Zabala; Rubén Bach y Mario Bastía. Según los familiares, a excepción de Bastía todos los demás trabajan en empresas tercerizadas de servicios petroleros. La mayoría son empleados de Indus y fueron los que reclamaron el reencuadramiento sindical –de Uocra al sindicato petrolero– para cobrar sueldos más altos y quedar bajo un convenio colectivo con mejores condiciones de trabajo. La resolución de ese reclamo está pendiente.

Las detenciones causaron conmoción entre los petroleros de Las Heras. Un grupo de delegados, familiares y trabajadores decidió pasar la noche en la iglesia, bajo el amparo del cura párroco Luis Bisego. “Lamentablemente a unos cuantos se los llevó la policía. Andan con miedo. Vamos a ver qué pasa”, dijo a Página/12. Los abogados discutían cómo ejercer la defensa o si convenía pedir un hábeas corpus general. Los petroleros, en tanto, convocaron a una asamblea. Como el caso sigue bajo secreto de sumario, nadie sabía cuáles eran las pruebas contra los detenidos. En el juzgado de Pico Truncado aseguraban que “tenían distintos grados de involucramiento” en el crimen de Sayago.