El Consejo de la Magistratura suspendió al juez en lo penal económico Carlos Liporace por “participar deliberadamente en el encubrimiento de la verdad” en el caso de las narcovalijas de Southern Winds y por “consumar una defraudación que él mismo debía investigar” al ordenar el pago de 8,5 millones de pesos a la curtiembre Yoma, que reclamaba como reintegro de impuestos que no le correspondían. El magistrado tendrá que enfrentar un juicio político por “mal desempeño” a más tardar en seis meses, donde el Jurado de Enjuiciamiento definirá si lo saca definitivamente del cargo en el que fue nombrado por Carlos Menem.

Cuando el año pasado quedó a cargo de la investigación del contrabando de 60 kilos de cocaína desde Buenos Aires a Madrid –ocasión en que se lo vio seguido por TV–, Liporace ya atesoraba una colección de sanciones disciplinarias por su comportamiento como juez. Tuvo apercibimientos del propio Consejo por cajonear un expediente casi tres años y por dilatar indagatorias en otro, e incluso con anterioridad había sido multado por la Corte Suprema. Las denuncias que llevaron a su suspensión tienen un condimento que les suma gravedad: fueron hechas por sus superiores de la sala B de la Cámara en lo Penal Económico (Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos).

A Liporace, los consejeros le atribuyen conductas irregulares y de favoritismo en sus investigaciones. La decisión de mandarlo a juicio político tuvo el apoyo de 15 consejeros, se abstuvieron los senadores Nicolás Fernández (Frente para la Victoria) y Norberto Massoni (UCR) y faltaron al plenario el presidente del cuerpo, Enrique Petra-cchi, y los kirchneristas Miguel Pichetto y Diana Conti. Al revés de lo que suele ocurrir en el Consejo, donde la corporación judicial es reacia a apoyar medidas drásticas, esta vez los cuatro representantes de los jueces votaron la suspensión. También lo hicieron los abogados, los académicos, el delegado del Poder Ejecutivo y los diputados Marcela Rodríguez (ARI) y Federico Storani (UCR).

La acusación al juez está basada en irregularidades detectadas en tres expedientes. Dos de ellos fueron estudiados por la diputada Rodríguez: el de Yoma S. A. y otro en el cual Liporace está sospechado de beneficiar a una empresa de seguros acusada de evasión. El de SW fue analizado por el ex consejero radical Juan Mínguez, que fue reemplazado por Storani. Los dictámenes votados por el Consejo incluyen algunas frases lapidarias.

- “La parcialidad en la que sucumbió el juez Liporace, dejando impolutos a quienes tenían mayor jerarquía y poder en la empresa Southern Winds S. A. y a quienes estaban de alguna manera vinculados al Estado, se nutrió de numerosos artilugios que a su vez dieron nacimiento a graves irregularidades”, afirma el dictamen acusatorio en relación con la causa sobre el contrabando de cocaína. No hubo, asegura, “errores involuntarios”, sino que el juez “obstaculizó” el esclarecimiento de los hechos, “ya sea a través de demoras, no realización de medidas, o con sentencias carentes de fundamentación”.

- El documento ejemplifica: demoró allanamientos a los directivos de la empresa (Juan y Cristian Maggio); citó como testigos a los empleados de SW a través los abogados de los Maggio sin mandarles una cédula, lo que fue leído como coerción; tardó un mes y medio en mandar un exhorto a España para acreditar lo ocurrido y armó legajos paralelos. La Cámara, al apartarlo de la causa, hizo eje en “su parcialidad”.

- El Consejo sostiene también que Liporace “cooperó con una maniobra irregular que condujo al favorecimiento económico indebido e ilegal del presidente de Yoma S. A. y el consiguiente perjuicio a los acreedores”. La historia del caso es así: la curtiembre Yoma reclamó a la AFIP dos veces los reintegros por las mismas exportaciones y consiguió que un tribunal de La Rioja ordenara un embargo de 13 millones de pesos a su favor. Frente a una denuncia de la AFIP y el Banco Nación, un juez riojano bloqueó los fondos con una medida de no innovar. A Liporace le tocó investigar lo ocurrido pero –sorpresa– a pedido de los Yoma les pagó sin vueltas 8,5 millones de pesos con un cheque en mano. La Cámara anuló la operación.

- Una tercera imputación se refiere a la actuación de Liporace en una causa por evasión fiscal agravada contra la empresa Garantía Cía. Argentina de Seguros. Se lo acusa de favorecer a los imputados con “medidas dilatorias” y salteando pasos obligados como la prisión preventiva ante los delitos en juego.

En definitiva, Liporace ahora deberá abandonar su despacho y esperar el juicio político. La suspensión podría facilitar, además, que otro juez que lo investiga por posibles delitos, Guillermo Montenegro, lo llame a indagatoria. Cuando enfrente al jury que definirá su suerte sus fiscales serán Storani, Rodríguez y el abogado Luis Pereira Duarte.