El Ministerio de Defensa tiene previsto presentarse en las causas en las que se investigan los crímenes cometidos durante la última dictadura, para reclamar que todos los militares que están presos en dependencias de las Fuerzas Armadas sean trasladados a cárceles comunes. Así lo establece el borrador de una resolución que circula dentro de la cartera, que sería firmado por la ministra Nilda Garré en los próximos días. Sólo resta algún guiño de buena predisposición a concretar el cambio por parte de los jueces que hasta ahora aceptaron detenciones en condiciones de privilegio. Y que, en el ámbito oficial, termine de tomar forma la decisión política.

En la actualidad hay 1004 investigaciones en marcha sobre violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y 215 represores están detenidos. Entre ellos, la gran mayoría de los militares está alojada en dependencias de las Fuerzas Armadas. Uno de los casos más alevosos es el de Alfredo Astiz, que ni siquiera tiene grado militar y lo hospeda la base naval de Zárate, perteneciente a la Armada. Otro represor de la Escuela de Mecánica de la Armada con cárcel VIP es Jorge “Tigre” Acosta, que se encuentra en la base naval Río Santiago.

El texto del borrador que analiza firmar la ministra Garré, al que tuvo acceso Página/12, es contundente: “La detención en instalaciones militares de procesados que aún perteneciendo o habiendo pertenecido a las Fuerzas Armadas se encuentran hoy sometidos a proceso penal en los tribunales federales por crímenes contra la humanidad, no encuentra fundamento legal alguno, ni las Fuerzas Armadas poseen especialidad penitenciaria, pues su formación y capacitación profesional se encuentra encaminada a la defensa nacional en hipótesis de guerra y no a la seguridad interior”.

El argumento es el mismo que usó la Fiscalía de Política Criminal de la Procuración, a cargo de Félix Crous, en un dictamen que hizo el año pasado para evaluar la situación de todos los detenidos por su actuación en la dictadura. También se apoya, en parte, en fundamentos que usó la Cámara Federal cuando dispuso que los represores presos en cuarteles tuvieran custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF). En realidad, para el SPF es mucho más engorroso estar distribuyendo su personal por todas partes que poner a disposición sectores o pabellones de sus unidades penales. De hecho, días atrás el secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, le informó a Defensa que en el penal de Marcos Paz hay lugar suficiente como para recibir a un centenar de militares si hace falta.

En cuanto Garré firme la decisión en danza, el traslado no será automático, pero será un primer paso importante. La Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio tendrá que presentarse en cada una de las investigaciones judiciales en trámite y exigirles a los jueces que trasladen a estos presos preferenciales a cárceles comunes (la medida no abarca a los que tienen arresto domiciliario). La mayor parte de estos represores está a disposición de juzgados porteños, pero también los hay en el interior del país. La decisión final será de Sus Señorías.