A 38 días del escándalo por los casos de espionaje ilegal en la Base Naval chubutense de Almirante Zar, la ministra de Defensa, Nilda Garré, reglamentó el Sistema de Inteligencia Militar para controlar las actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas. La disposición prohíbe a los organismos de Inteligencia de las distintas Fuerzas, entre otros ítem, “realizar tareas represivas y de investigación criminal” y obtener “información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas”.

La resolución del Ministerio de Defensa provocará una reforma profunda en el interior de las Fuerzas Armadas. El llamado “Sistema de Inteligencia de la Defensa” deja bajo el control del Gobierno a los organismos de inteligencia de las FF.AA. que hasta ahora reportaban sus informes internamente. En ese sentido, el sistema “tendrá por misión asistir al ministro de Defensa en todos los aspectos relacionados con la inteligencia necesarios para la conducción de los asuntos de la Defensa Nacional”, indica el artículo primero de la resolución.

La resolución reglamentada ayer por la ministra consta de 17 artículos que prohíben a los organismos de inteligencia, entre otros puntos, “realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción”. También les impide realizar tareas represivas y “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, religión, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Ninguna de las armas podrá “influir en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”.

Aunque no quedó escrito, la medida tiene como antecedente obligado el escándalo generado a partir de la denuncia difundida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el 18 de marzo sobre las actividades de espionaje ilegal que se hacían en la Base Naval Almirante Zar de Trelew. El episodio provocó el despido dos jefes de la Armada sospechados de haber ordenado tareas de espionaje interno, prohibido por la ley de Defensa Nacional en jurisdicción de la base Almirante Zar de la ciudad de Trelew.

La nueva resolución instala al poder civil, y no el militar, como el encargado de controlar las tareas de espionaje militar, excepto aquellas que lleve adelante la SIDE, dependiente de la Presidencia.