Los empresarios de la carne tienen hasta el próximo miércoles para que las rebajas acordadas se trasladen a los mostradores. El ultimátum se lo expresó a Página/12 una alta fuente del Gobierno, quien aseguró que si eso no sucede hará valer su “poder de fuego” para disciplinar a los díscolos. “Esto no es un acuerdo que si no se cumple no pasa nada. Ahora entró en vigencia una resolución que prevé sanciones y la vamos a hacer cumplir.” Tal como anticipó este diario el sábado, la norma aclara que “en caso de incumplimiento” entrará en vigencia la ley de abastecimiento 20.680 del año 1974 que contempla desde “multas, clausura e inhabilitación” hasta arrestos que pueden llegar a los 90 días. La fuente aclaró también que, si los precios efectivamente bajan el 15 por ciento promedio previsto, en los últimos días de la semana comenzará una apertura gradual de las exportaciones. Los funcionarios esperan que la zanahoria seduzca a los empresarios para no tener que utilizar el palo.

La rebaja de 15 por ciento no será con relación a lo que venía cobrando cada carnicería en particular sino con respecto a los precios que arrojó la medición de marzo del INdEC. Por eso figura un valor de referencia para 12 cortes populares y para cada una de las cinco categorías de animales que se comercializan en el Mercado de Liniers. Los 12 cortes cubren el 70 por ciento de la carne que releva el INdEC. Por lo tanto, si la rebaja se concreta tendrá un fuerte impacto en la muestra.

El interrogante pasa por saber cuánto temor le inspira el gobierno a los distintos eslabones de la cadena. Hasta ahora todo indicó que los actores no se sintieron acorralados, ya que pese a las múltiples medidas oficiales que se han venido tomando, la carne subió 3,4 por ciento en marzo. Los empresarios que descreen de los acuerdos afirman que no se puede tapar el sol con las manos, haciendo valer una metáfora que intenta explicar la suba de precios como un problema de oferta imposible de corregir con un listado de precios y amenazas de sanciones en un mercado donde operan cientos de actores. Sin embargo, en el Gobierno sostienen que las empresas están obteniendo márgenes de ganancia excesivamente altos que podrían recortar en caso de tener voluntad de cumplir. “Los que controlan el mercado son apenas un puñado y si hace falta que nos carguemos a alguno de los que distorsionan los precios lo vamos a hacer”, señaló a Página/12 la fuente del gobierno, que además aclaró que a partir de hoy en Economía comenzarán a analizar los alcances que tendrán las inspecciones en caso de que los rebajas no se concreten.

Además de las sanciones contempladas en la Ley de Abastecimiento, el Gobierno cuenta con la opción de presionar a las empresas revisando sus cuentas. Ese es el talón de Aquiles de una cadena donde predomina la evasión impositiva. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia había anunciado que iba a inspeccionar las cuentas de los principales frigoríficos que compran en Liniers, pero el avance se detuvo cuando se firmó el convenio el pasado 6 de marzo. Desde entonces, la opción quedó como una carta más que se guardan en Economía para presionar al sector. Ahora sólo resta esperar para saber si la carne baja y las exportaciones comienzan a normalizarse o si, por el contrario, el enfrentamiento se radicaliza aún más.