La Argentina presentará hoy en la Corte de La Haya la denuncia contra Uruguay por la instalación de las papeleras. La demanda será entregada al Tribunal por el embajador argentino en Holanda, Santos Goñi Marenco, y la directora de la Consejería Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti. Contendrá dos escritos: la denuncia en sí misma –por la violación del Tratado del Río Uruguay–, más un pedido para que los jueces ordenen la paralización de las obras de Botnia y Ence.

Los abogados trabajaron contrarreloj para que la demanda pudiera concretarse antes del acto en el que, mañana, Néstor Kirchner se reunirá con los gobernadores en Gualeguaychú, en un encuentro convocado “en defensa del medio ambiente y la calidad de vida”. Pero los primeros resultados se verán dentro de tres o cuatro meses, el plazo que se tomará como mínimo la Corte para dar una respuesta a la solicitud de frenar las construcciones.

Los ejes de la denuncia son los siguientes:

- La República Oriental incumplió el Tratado del Río Uruguay, al autorizar unilateralmente la instalación de las plantas en Fray Bentos. El Tratado establece que en un río compartido, las decisiones que lo afecten tienen que ser sometidas a un proceso de consulta previo y aprobadas por los dos países.

- El gobierno uruguayo no dio a la Argentina la información que se le requirió sobre cómo funcionarán las plantas. Esta actitud fue reiterada a lo largo de los últimos tres años, en todas las instancias abiertas de negociación.

- Nunca se hizo un estudio de impacto ambiental de carácter independiente, con la participación de Uruguay y Argentina.

- Existen antecedentes sobre la contaminación que causan estas fábricas de pasta de celulosa, como los conocidos casos de Pontevedra (España) y Valdivia (Chile), que provocaron malos olores, contaminación del agua, lluvia ácida, mortandad de animales, pérdidas económicas y daños en la salud de las personas.

La denuncia tiene, así, dos líneas argumentales, una centrada en la violación del Tratado y otra en la defensa del río y los derechos de los habitantes de la región.

Ayer, al ser consultado sobre el tema, el canciller Jorge Taiana insistió en que el conflicto es “una cuestión específica sobre medio ambiente” que debe encararse como un tema “bilateral”. Taiana habló al término de una reunión con su par alemán, Frank Steinmeir, quien también habló con los periodistas. “Desde Europa”, el diferendo “se ve como un conflicto extraño”, dijo. El funcionario ofreció luego un punto de vista que no difiere del de las empresas papeleras: correspondería “preguntarse si es un conflicto provocado y si se aplica la última tecnología”, señaló.

La jefa del equipo de asesores legales de la Cancillería, Ruiz Ceru-tti, viajó a Holanda para ingresar el expediente. Una vez que la Corte reciba el escrito, lo primero que deberá hacer es resolver si tiene competencia para tratarlo.

Se supone que sobre esto no habrá mayores problemas: el Estatuto del Río Uruguay dice en su artículo 60 que toda controversia acerca de la aplicación del Tratado podrá ser denunciada por cualquiera de las partes a La Haya. Si la Corte acepta dirimir el diferendo, deberá ocuparse en primer lugar del pedido cautelar. El procedimiento fija que los jueces corran vista de la acusación al Uruguay para que éste realice su descargo; luego fijarán una audiencia en la que los dos países deberán hacer sus alegatos.

Según admiten los asesores legales de la Cancillería, el caso es difícil para la Argentina, ya que La Haya tiene precedentes negativos sobre conflictos ambientales. El más conocido es una denuncia de Eslovaquia contra Hungría por una represa sobre el Danubio que causaría problemas ambientales. Los jueces no dieron la razón a los denunciantes y la obra se construyó. Por otra parte, también es inusual que ordene medidas cautelares: lo ha hecho sólo en situaciones muy extremas, por ejemplo para frenar las ejecuciones de dos sentenciados a muerte en los Estados Unidos.

Lo que decida La Haya será de cumplimiento obligatorio. Así lo establece la Carta de Naciones Unidas para todos sus países miembro.