Los habitués a los homenajes a “los muertos por la subversión” que organizan los militares retirados dicen que esta vez prefirió la distancia. La imponente figura del secretario general de la Unión de Promociones, el teniente coronel retirado Héctor Mario Schwab, se recortaba, el miércoles último, en los ventanales del señorial edificio del Círculo Militar. El represor con pedido de captura internacional ordenada por el juez español Baltasar Garzón está acostumbrado a espiar pero fiel a sí mismo parece excederse en los métodos. El mismo miércoles, el abogado en la causa por amenazas y extorsión contra Schwab, iniciada en el 2001 por ex empleados de Movicom, pidió el procesamiento del imputado como responsable de la empresa de investigaciones y seguridad Scanner SA. Después de cinco años y ante la reciente declaración de nuevos testigos que detallaron cómo fueron intimidados, la querella teme la prescripción de la causa. De ese modo se beneficiarían los negocios de uno de los ideólogos y sponsor de Cecilia Pando, la mujer que se regodea en la defensa de los genocidas.

Decenas de testigos relataron primero ante el juez Héctor Luis Yrimia y luego ante su reemplazante Ignacio Belderrain, secretario a cargo del Juzgado de Instrucción 30, cómo Schwab se presentó ante ellos en carácter de contratado por la entonces Movicom para disuadirlos de las acciones legales que habían decidido iniciar contra la telefónica –en ese momento en manos de la estadounidense BellSouth– por las irregularidades en su relación laboral. En dos oportunidades, los magistrados dispusieron el sobreseimiento del teniente coronel y sus secuaces y en ambos casos la Cámara del Crimen revocó esos fallos y ordenó la continuidad de la investigación.

El colmo

El 7 de junio pasado declaró en el séptimo piso del edificio de Talcahuano Analía Verónica Rivero, una testigo propuesta por la defensa de Schwab que está en manos del estudio de Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla. Paradójicamente, ese testimonio es la base del pedido de procesamiento realizado por los denunciantes y dio lugar a un reclamo de pronto despacho –que el juez Belderrain todavía no resolvió– para que se eleve a la Cámara la declaración que daría lugar a una nueva causa.

Rivero explicó que trabajó en las agencias oficiales de Movicom Top Cell y Maxi Cell como vendedora y que Gustavo Cortiñas, dueño de Top Cell, le ofreció un arreglo cuando se enteró que ella iniciaría acciones judiciales por su irregular contratación. Cortiñas le presentó a Angel Esainz y Eduardo Saavedra, los otros dos integrantes del grupo de tareas del teniente coronel, quienes le dijeron que “tenía que arreglar sí o sí porque si no corría riesgo de vida su familia, que conocían todos sus movimientos, dónde estaba, a qué hora entraba y salía del trabajo, etcétera y que le iban a presentar a su superior”.

El “superior” en cuestión no era otro que Schwab. Rivero declaró –hay que recordar que fue propuesta por la defensa– que “el sujeto le ofreció una suma de 2300 pesos a cambio de su silencio, porque si no iba a olvidarse de que alguna vez había tenido un hijo. Entonces Schwab le preguntó si sabía dónde estaba su hijo y ella le respondió que estaba en su casa, con su madre. Schwab le dijo que no era así, que había salido a hacer compras con su madre, y ella lo confirmó llamando por teléfono a su casa, donde la abuela le contó que efectivamente el menor había salido a hacer compras”. Después “Angel y Schwab le manifestaron que mantuviera silencio porque entonces su hijo iba a poder seguir creciendo normalmente”. A la semana siguiente el militar la llamó y sorprendió a la mujer, porque había cambiado el número de teléfono, lo cual no había sido obstáculo para el hombre que supo foguearse junto a Antonio Domingo Bussi durante la intervención castrense en Tucumán. Rivero dijo que no denunció el hecho en su momento porque tenía miedo y que seguía teniendo miedo pero que cree que “la Justicia tiene que hacer algo porque si no va a vivir con miedo toda su vida”.

La corporación

Entre los abogados del estudio de Durrieu que defienden a Schwab figura Hernán Munilla Lacasa, que a la sazón es el hermano de Marcelo, el fiscal de la causa que tiene como imputado a Schwab por extorsión. El mismo estudio representa también ahora a Movistar, la nueva propietaria de Movicom, en la denuncia por extorsión que en su momento le inició Gustavo Cortiñas, el propietario de Top Cell a los letrados que representaban a los empleados tercerizados. En el inmenso paquete que compró Telefónica de España por 6 mil millones de dólares también se hizo cargo de los juicios pendientes. Así se da la paradoja de que la empresa española está defendiendo la contratación del represor buscado por un juez español.

En el Juzgado Criminal a cargo de Ricardo Warley, donde se instruye la investigación contra los abogados Marcelo Domínguez y Pablo Zubcov, los primeros patrocinantes de los trabajadores tercerizados, recibieron un acta notarial que puede dar vuelta la causa. Cortiñas declaró ante escribano y ratificó ante el juzgado que la denuncia contra Domínguez y Zubcov, presentada por él como titular de Top Cell, fue pergeñada por el entonces gerente de Asuntos Legales de Movicom, Luis Federico Kenny, quien tuvo que prestar declaración el viernes pasado ante esa imputación. La estrategia de pinzas ideada por la entonces Movicom habría sido, por un lado, denunciar a los abogados que reclamaban 130 millones de pesos por la contratación tercerizada y sin aportes patronales ni previsionales de más de un centenar de empleados y, por otro lado, contratar a Schwab para que disuadiera a los ex trabajadores de las demandas. El ex presidente de Movicom Mauricio Elías Wior declaró que se había contratado a Scanner para ver cuáles de las denuncias eran legítimas y que a la luz de los resultados “el trabajo había sido satisfactorio”. Sobre los métodos no se expidió.

Gustos

A pesar de sus sinsabores judiciales, Schwab sigue ocupado en sus menesteres como detective reciclado en democracia y regodeándose en su pasión por el arte. También habría estado procurando los buenos oficios del resistente obispo castrense Antonio Baseotto para ver si puede usar sus influencias vaticanas y conseguir una digna nulidad del matrimonio de su hija María Pía, la ahora distante socia de Cecilia Pando en la Asociación por la Libertad de los Presos Políticos –léase los represores imputados por delitos de lesa humanidad–. Para una familia tradicional siempre es una mácula un divorcio y una bendición la nulidad.

Para contrarrestar sus lamentos por el temor de traspasar las fronteras y ser detenido, el teniente coronel despunta el vicio con el arte. En la revista LiveMiami, un magazine de Miami con exclusiva distribución en Latinoamérica, lo reportearon en su condición de marchand y propietario de casi toda la obra del artista chileno Heriberto Montoya Ortiz. “El marca en la tela y en la tabla lo que su talento le dicta y el contrato que nos une es espiritual más que material. Soy su representante, quien actualmente lo respalda para que sólo deba ocuparse de su obra. Y, además, soy su admirador”, dijo el militar que se ufana de disponer de una pinacoteca de más de 200 obras. Quienes lo conocen no logran asociar su pasión por el arte con su historia de aprietes y tormentos.