Los presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales se reunirán el jueves en Buenos Aires para definir el precio del gas que Argentina le compra a Bolivia. El valor actual es de 3,20 dólares el millón de BTU (Unidad Térmica Británica). Morales quiere elevar esa cifra a 5,50, pero el Gobierno sólo acepta pagar 5 dólares. Ese terminaría siendo el precio final y una posibilidad es que la diferencia se salde con un aporte no monetario como tractores. En la actualidad, apenas el 5 por ciento de la demanda interna depende del gas boliviano, pero el acuerdo pondrá fin a dos años de fuerte incertidumbre y permitirá acelerar la construcción del gasoducto del Nordeste para incrementar las importaciones hasta cubrir el 25 por ciento del consumo local.

La Argentina importa gas de la cuenca de Tarija desde mayo del 2004 debido a las “restricciones” en la oferta de las petroleras que operan en el país. El acuerdo bilateral lo firmaron Kirchner y el entonces presidente boliviano, Carlos Mesa, el 20 de abril en Buenos Aires. Primero se comenzó comprando 5 millones de metros cúbicos diarios a 1,60 dólar el millón de BTU. Luego la cantidad se elevó a 7,7 millones y el precio a 2 dólares, muy por debajo de la cotización internacional.

En octubre del 2004, Kirchner y Mesa firmaron un nuevo acuerdo para la exportación de otros 20 millones de metros cúbicos de gas diarios a partir del 2007. En ese momento, en Bolivia todavía estaba pendiente la sanción de la nueva ley de hidrocarburos que debía establecer el monto de las regalías petroleras y las potenciales retenciones a las exportaciones. Sin embargo, ambos países intentaron dejar en claro que la voluntad política de avanzar en la integración estaba por encima de los problemas coyunturales. Así buscaron apurar la construcción del gasoducto del Nordeste que debía transportar el gas, pues el del Norte ya se encontraba al límite de su capacidad. Pese al gesto, la incertidumbre que sobrevino en los meses siguientes relativizó el acuerdo.

Mesa no pudo imponer su voluntad en materia de política energética y el 6 de junio del año pasado debió renunciar luego de numerosas protestas sociales que exigían la nacionalización de los hidrocarburos. Luego de una breve transición encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, el dirigente Evo Morales asumió la presidencia en enero de este año y en mayo modificó las reglas del juego, tal como lo había prometido en la campaña electoral. La firma del decreto de nacionalización de los hidrocarburos conmovió a los países de la región y sobre todo a las multinacionales, que pasarán a ser simples contratistas del Estado perdiendo una parte sustancial de sus ganancias.

Apenas asumió, Morales aseguró que “no habrá más un precio solidario” y le hizo saber al gobierno de Kirchner que quería 5,5 dólares por millón de BTU. En Planificación Federal aseguraron que actualmente se paga 3,18 dólares y que estarían dispuestos a ofertar 5 dólares, pero no más. La reunión entre Kirchner y Morales del próximo jueves presagia un acuerdo, pues de otro modo hubieran sido las segundas líneas quienes habrían seguido negociando, como lo habían venido haciendo desde enero.

Con la renegociación de los contratos petroleros y la suba del precio del gas que se exporta, Bolivia busca revertir la paradoja en la que se encuentra luego de varias décadas en que los recursos naturales fueron administrados por el mercado. Un informe reciente del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (Idicso), elaborado por el investigador Federico Bernal, detalla que Bolivia es el segundo país con más reservas de gas de Sudamérica detrás de Venezuela, pero el 97 por ciento de su población carece de acceso al gas natural por redes. Para calefaccionarse y cocinar, el 60 por ciento de ese porcentaje emplea gas licuado de petróleo envasado en garrafas y el 40 por ciento restante quema plásticos, leña, residuos orgánicos e inorgánicos. Las empresas siempre consideraronantieconómico la ampliación de las redes de distribución interna y se dedicaron a exportar.

El aumento de precios no generará descalabros en la Argentina porque actualmente sólo el 5 por ciento del gas que se consume en el país proviene de Bolivia. Sin embargo, el gasoducto del Nordeste elevará la dependencia al 25 por ciento cuando se construya. Argentina podría evitar esa situación si las multinacionales radicadas en el país invirtieran en exploración gasífera. Repsol-YPF, Total Austral y Pan American Energy concentran el 66 por ciento de la producción. En la actualidad, las tres compañías, que ganan miles de millones de dólares exportando petróleo crudo, aseguran que el precio de gas en boca de pozo no es incentivo suficiente para invertir y sólo se dedican a extraer lo existente agotando las reservas.