El juez Horacio Raúl Vigliani presentó su renuncia a la Sala I de la Cámara Federal porteña ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vigliani asumió en el cargo en 1993 e intervino en la causa por el atentado a la AMIA, en el caso IBM-Banco Nación, en los presuntos sobornos a senadores durante el gobierno de Fernando de la Rúa y en diversas causas por crímenes del terrorismo de Estado. Desde el ministerio se informó que estaba tramitando su jubilación, que empezaría a cobrar el 1º de octubre.

Porteño, nacido en 1946, Vigliani inició su carrera en el Poder Judicial en 1971. Fue secretario de la Cámara Federal y juez de sentencia, hasta que en 1993 el entonces presidente Carlos Menem presentó su pliego para su incorporación a la Cámara, que luego compartió con los jueces Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler, que reemplazó a la fallecida camarista Luisa Riva Aramayo.

De los tres magistrados, Vigliani era el camarista histórico del tribunal, que intervino también en el Yomagate –suscribió el cierre de la causa contra Amira Yoma–, en la causa por el secuestro del fallecido empresario Osvaldo Sivak y en los asesinatos de manifestantes del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Por haber anulado las actuaciones del juez Luis Leiva en el caso IBM-Banco Nación (en donde estaba involucrado el ex banquero Raúl Moneta), los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez pidieron el juicio político de Vigliani y los camaristas que intervinieron en la resolución. La denuncia fue finalmente archivada.

Desde la Cámara Federal, Vigliani ordenó junto al resto de sus compañeros, la reapertura de las megacausas de la ESMA y Primer Cuerpo, tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida por parte del Parlamento. El juez ratificó la anulación en la causa del Primer Cuerpo del Ejército. También confirmó el procesamiento del dictador Jorge Rafael Videla en la causa del Plan Cóndor, que coordinó la represión por parte de las dictaduras del Cono Sur. Actualmente, analizaba junto a sus colegas de las dos salas de la Cámara los planteos de inconstitucionalidad de los indultos concedidos a los comandantes, que fueron condenados en el Juicio a las Juntas en 1985. La Cámara quedará compuesta por Freiler y Cavallo hasta que se complete la vacante.