“Esta no es una simple sumatoria de crímenes sino un plan sistemático de exterminio con el objetivo de cambiar la estructura económica del país, y las relaciones sociales, culturales, políticas y gremiales que sobre ella se sustentaban”, argumentó Myriam Bregman, la primera abogada en alegar ayer en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz. Luego pidió el cambio de calificación de la causa y propuso, por primera vez, el “delito de genocidio”. La acusación, que coincide con otras cinco de las querellas, no prescribe y prevé una pena de reclusión perpetua, la misma condena exigida por el fiscal federal Carlos Dulau Dumm.

“Condenar a Etchecolatz en este juicio por el delito de tormentos, privación ilegal de la libertad y homicidio calificado nos parece ya un absurdo, un limitativo, cuando lo que él hizo dentro del aparato del Estado fue lo que tipifica la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio y que es el crimen de genocidio”, dijo en su alegato la abogada del Centro de Profesionales de Derechos Humanos (Ceprodeh), quien analizó las acciones del imputado en el marco del proceso histórico que atravesó el país. Tras enumerar el crecimiento de los índices de desempleo y de la deuda externa, Bregman recordó que “el 56 por ciento de los desaparecidos eran obreros”, muchos de ellos señalados por sus jefes como “bochincheros”, y que la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno pasó del 50 por ciento en 1974, a sólo el 30 dos años después. “Construyeron la figura del subversivo para borrar el ejemplo de lucha de una generación”, reflexionó la abogada, para quien “las Fuerzas Armadas y de seguridad, auspiciadas por el gran empresariado y otras instituciones como la Iglesia, se propusieron el objetivo de eliminar los grupos nacionales”.

Aunque la jornada empezó con más de una hora de retraso por la ausencia de Jorge Julio López, uno de los sobrevivientes y querellantes (ver aparte), hubo tiempo para que los jueces del Tribunal Federal Oral 1 de La Plata escucharan a los nueve abogados que representan a las tres querellas: los ex detenidos desaparecidos Nilda Eloy, López y la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; la Asamblea Permanente por los DD.HH. de La Plata y a los familiares de Diana Teruggi, asesinada en un operativo encabezado por el imputado, en ese entonces mano derecha de Ramón Camps. Custodiado por siete agentes de la policía y con un chaleco antibalas, Etchecolatz presenció durante una hora y media los alegatos en su contra, antes de pedir permiso para retirarse por “motivos de salud”, una razón que esgrimió para ausentarse durante casi todo el juicio (sólo estuvo presente en la primera audiencia), aunque ayer regresó sobre el final de los alegatos.

“Entre otros horrores por él cometidos, mandó a torturar a menores y niños porque consideraba que iban a ser más adelante peligrosos subversivos”, dijo la abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en referencia a los testigos que oyeron los gritos de Mónica Santucho, de 12 años. La abogada recordó que estos crímenes tuvieron como objetivo “imponer los principios occidentales y cristianos” sobre militantes, estudiantes y trabajadores que tenían, en su mayoría, “entre 18 y 25 años”. La letrada también mencionó la amplia y fluida colaboración civil con la que contaron los represores: médicos, jueces, empresarios y funcionarios públicos. “La sociedad es víctima y victimario –sentenció Godoy–. Hoy los sobrevivientes tienen que volver a narrar su sufrimiento para dramatizar y llamar la atención de la sociedad.”

“Etchecolatz es una bestia salvaje que sigue cometiendo delito con su silencio porque no dice cuál fue el destino de Clara Anahí, sacada de los brazos de su madre muerta, Diana Teruggi de Mariani” durante el ataque a la vivienda familiar (donde murieron otras tres personas más), dijo otro de los querellantes, Alejo Ramos Padilla, quien calificó al represor de “cobarde” por el modo en que asesinó a Teruggi, “por la espalda y con un bebé en brazos”. “Además no creo que se anime a hablar frente a Chicha Mariani, que desde hace 30 años busca a su nieta”, concluyó.

Durante la extensa jornada del juicio contra el director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, el primero sometido a juicio oral y público tras la declaración de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los querellantes recordaron los testimonios que incriminan al imputado no sólo en la planificación sino por su accionar directo en las salas de tortura del “circuito Camps”, un perímetro que incluye a La Plata y varias localidades del conurbano y donde funcionaron, al menos, 29 centros clandestinos de detención. El veredicto del juicio, por el que pasaron 130 testigos, podría conocerse hoy a las 18, luego del alegato de la defensa del ex policía que ejercerá su abogado Luis Boffi Carri Pérez.

Informe: Emilio Ruchansky.