Está bien, pero no alcanza. Esta fórmula –aplicada al traspaso a manos civiles de la autoridad sobre el espacio aerocomercial– vale para sintetizar el pensamiento de los expertos en seguridad aeroportuaria que consultó Página/12. No alcanza porque la raíz de los problemas reside, no sólo en quién manda, sino en la concentración bajo un solo mando de quienes deben operar directamente, como los controladores de vuelo; de quienes deben regular la actividad de aquéllos; de quienes deben dictarles políticas a los dos primeros; y de quienes deben investigar los accidentes que se producen cuando todo lo anterior fracasa. No alcanza, asimismo, porque el traspaso deberá efectuarse bajo un timing delicado, que podría demandar varios años. Algunos de los expertos temen que “funcionarios políticos vengan a ocupar cargos que corresponden a técnicos con experiencia en el sector”, pero todos acuerdan con que los militares se retiren del control de la aviación civil y admiten que “todo lo que se ve en Fuerza Aérea S. A. es verdad”. Uno de ellos contó para este diario una escena de cuasi accidente que no llegó a incluirse en ese documental.

Rubén Miguel Cafaro, consultor aeronáutico y perito judicial en el tema, estimó que serán necesarios “cinco a ocho años de transición, durante los cuales no se podrá prescindir totalmente del personal militar”. El especialista señaló que “el 70 por ciento de los controladores de vuelo son personal militar: a éstos habrá que preguntarles si quieren seguir en la Fuerza Aérea o bien retirarse de esa institución e integrarse como controladores civiles. Esto sólo puede ser gradual”.

Según destacó Cafaro, “no hay que olvidar que buena parte de los problemas actuales provienen de la falta de presupuesto: cuando se efectuó la concesión a la empresa Aeropuertos Argentina 2000, se fijó un canon de 170 millones de pesos anuales, que nunca fue pagado: esa suma debía servir para mejorar la seguridad aérea de los aeropuertos no concesionados y para reequipamiento en radioayuda. En Ezeiza, el radar tarda ocho segundos en hacer un giro completo, y en ese tiempo los aviones ya volaron varias millas; los radares modernos dan una vuelta completa en tres segundos”.

Además, “la Junta de Investigación de Accidentes debe funcionar, al igual que en la mayor parte del mundo, como ente autárquico: cuando se produce un accidente de aviación se generan múltiples presiones: los familiares de las víctimas, las compañías aéreas y también los fabricantes de aviones, que quieren preservar el prestigio de sus marcas”, insistió Cafaro, quien se preocupó por aclarar que “veo con satisfacción que el control de la aviación civil vuelva a manos civiles” y por afirmar que “todo lo que se ve en Fuerza Aérea S. A. es verdad”.

“Además de la Junta de Investigación de Accidentes, hay tres instancias que deben permanecer separadas”, subrayó un consultor internacional en seguridad aérea, quien prefirió mantener su nombre en reserva: “No es sólo que la Fuerza Aérea haya administrado mal, sino que concentra funciones incompatibles: opera el control del espacio aéreo, por ejemplo mediante los controladores de vuelo, y se regula a sí misma en esa función, además de tener a su cargo la Junta de Investigación de Accidentes, organismo que, en otros países, reporta directamente al Presidente o al Congreso de la Nación. La regulación tampoco debería estar directamente a cargo de la Secretaría de Transportes, que debe fijar las políticas para el sector”.

Por su parte, José Vaca, ex presidente de la Asociación Argentina de Aviadores Civiles, previno sobre “el riesgo de que, en este bienvenido traspaso a la autoridad civil, resulte que cargos técnicos terminen siendo ocupados por funcionarios políticos. El cargo de secretario de Transportes es político, y quien lo ejerce es designado por el Presidente que en ese momento esté en funciones para llevar adelante una determinada política. Pero las distintas subsecretarías, como Infraestructura, Tránsito Aéreo o Investigación de Accidentes, no debieran quedar a cargo de políticos, sino de técnicos con adecuada formación, que eventualmente serían reemplazados por otros técnicos”. Según Vaca, esto permitiría cierta continuidad, “y no como ahora, cuando cada nuevo comodoro trae una idea que, dos años después, el comodoro que lo reemplace va a sustituir por otra”.

En cuanto al traspaso en sí, Vaca acordó en que debería ser “paulatino”. Habría “sectores en los que no haría falta mucho tiempo: el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial podría pasar en forma inmediata: los médicos del Gabinete Psicofisiológico fácilmente podrían salir de la Fuerza Aérea para incluirse en una estructura civil”. También “la Junta de Investigación de Accidentes podría pasar en un lapso breve: si bien está al mando de un brigadier, muchos de los inspectores son civiles contratados y podrían recibir formación específica”.