La semana pasada, Reynaldo Benito Bignone, el último presidente de facto, reapareció en las primeras planas con su carta instando a la juventud a “terminar lo que nosotros no supimos ni pudimos”. Desde diciembre del 2005 goza de libertad a pesar de sus procesamientos por robo de bebés y por su participación en el Plan Cóndor. Pero no sólo goza de libertad, también tiene el privilegio de una pensión de más de 15 mil pesos mensuales. Hoy se empezaría a desandar el camino de esa injusticia: el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Seguridad Social (Ufises), Guillermo Montenegro, decidiría reclamar que se le quite esa jubilación especial. El fiscal actuará en respuesta a una denuncia anónima que recibió la Anses.

Bignone, quien sucedió a Jorge Rafael Videla como director del Colegio Militar, gestionó a principios del gobierno de Carlos Menem la “asignación mensual vitalicia móvil e inembargable” amparándose en la ley 16.989 dictada por Juan Carlos Onganía en octubre del ‘66. En diciembre del ‘90, empezó a cobrar la pensión prevista “para los ciudadanos que hayan ejercido la presidencia o vicepresidencia de la Nación, cuyo haber será para los primeros igual a la suma que por todo concepto corresponda como sueldo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. El artículo 3 del texto garantizaba los derechos de los herederos. “Viudas, hijas solteras o divorciadas por culpa del esposo (sic)” serían los destinatarios de la mensualidad ante la muerte del titular.

Página/12 informó en septiembre del año pasado que Bignone había recibido un aumento del 32 por ciento en su pensión: de los 11.647 pesos que cobraba en marzo pasó a recibir 15.401 pesos. El ajuste fue decidido por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en función de la recomposición de los sueldos que dictaminó la Corte Suprema para los jueces. El represor que intentó garantizar la impunidad de la dictadura con la denominada Ley de Autoamnistía, derogada por el gobierno de Raúl Alfonsín, tuvo la suerte además de recibir un retroactivo de 25.131 pesos.

La norma en la que se fundó el beneficio a Bignone fue derogada en 1991 y reemplazada por la ley 14.018, que estableció que la pensión graciable para ex presidentes sólo corresponde a ex mandatarios “constitucionales”.

Al trascender la burla que significaba el pago de esa pensión, el titular de la Anses, Sergio Massa, les pidió a los abogados del organismo que sondeen la forma de revertir la situación. Hasta ahora primó el argumento del “derecho adquirido” que le allanó a Bignone la tranquilidad de una vejez sin pesares económicos.

Sin embargo, una denuncia anónima recibida por Massa habilitó otro camino. La Anses le dio traslado al fiscal Marijuán para que realice una investigación preliminar y determine si es pertinente revisar el beneficio. El fiscal se inclinaría por suprimir la pensión basándose, justamente, en el origen inconstitucional del mandato que ejerció el ex jefe del Ejército.

Bignone fue apresado a fines de 1998, acusado de planificar la apropiación de hijos de desaparecidos. En enero del ’99 fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Tras seis años y medio de detención, fue liberado el 20 de diciembre del año pasado. El fallo de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani, se fundó en el tiempo transcurrido de los detenidos sin que se sustanciara una condena.

El dictador cuyo cuadro fue descolgado del Colegio Militar junto con el de Jorge Videla –quien no gestionó la asignación especial– apareció como miembro de la Asociación Memoria Completa y descolló la semana pasada con su carta abierta a la juventud, un día antes de la concentración en pos de la impunidad en plaza San Martín. “No arremeten contra molinos de viento sino contra personas de carne y hueso. Cargados de odio, han deformado la moderna historia argentina”, escribió en la página web de Memoria Completa. Por esos dichos, el Ejército está analizando una sanción específica más allá de la posibilidad de quitarle el estipendio que avanzará en la Justicia.