El Senado de la República abrió la puerta para deponer al gobernador de Oaxaca y satisfacer así la principal condición del movimiento social que desde hace más de cuatro meses evidenció la ingobernabilidad en ese estado para negociar el fondo del conflicto. Ayer, la Comisión de Gobernación desechó un dictamen aprobado en la pasada Legislatura que negó la desaparición de poderes en la entidad y designó a un grupo de tres senadores del PRI, PAN y PRD para viajar a la capital del estado y recoger durante cinco días nueva información que sirva para retomar el análisis y debate del caso.

La Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) dará respuesta esta misma semana al ofrecimiento que hizo el lunes el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, después de discutirla en asambleas con los maestros y las demás organizaciones que integran el movimiento. De ser aceptada, más de 11 mil escuelas que aún se encuentran en paro podrían reiniciar clases el próximo lunes, se levantarían las barricadas que se encuentran en el centro de la ciudad y se devolverían los edificios públicos y privados que están ocupados. La seguridad estaría a cargo de la policía municipal, bajo el mando de una autoridad civil federal, y las tropas del ejército y la marina se replegarían.

Independientemente de la información que recabe en estos días el grupo de senadores en Oaxaca, la fracción parlamentaria del PRD anunció que votará por la desaparición de poderes en el estado. Según el senador izquierdista Ricardo Monreal, algunos legisladores del PAN y del PRI se inclinan ya por esta solución que sería la menos costosa para todos. Sin embargo, aún no hay un acuerdo definitivo en la Comisión de Gobernación del Senado de la República, y el PRI está subiendo el precio de la cabeza de su gobernador Ulises Ruiz.

Pero en los cálculos de la administración foxista, Oaxaca bien vale una misa. Sin renunciar del todo a la posibilidad de reprimir al movimiento social y magisterial que desde hace 147 días evidenció la crisis de gobernabilidad en el estado, la Secretaría de Gobernación parece cambiar de actitud y, luego de defender con la espada y con la cruz al gobernador priísta Ulises Ruiz, pareciera dispuesta a sacrificarlo para no heredar un conflicto que enrarecería aún más la transmisión de poderes a Felipe Calderón, ya de por sí debilitado por la sombra de un presunto fraude electoral.

Dejar vivo el conflicto hasta el 1º de diciembre arrojaría a la nueva Presidencia de la República a manos de los halcones priístas y de los sectores oaxaqueños más conservadores, que encontrarían en la ultraderecha –ya no tan embozada dentro de las filas del PAN– el respaldo para obligarla a emplear fuerzas federales en la reconquista de la capital de las siete regiones.

El discurso del ultraconservador Carlos Abascal frente a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) apunta hacia el mal menor: romper el tácito pacto que mantiene con el PRI y operar en el Senado de la República y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la desaparición de poderes en la entidad, con la consecuente remoción de su cargo, tal y como exigen los manifestantes que, en buen número, se encuentran ya a las puertas de la capital del país.

En el fondo, las decisiones que deberá tomar Vicente Fox en los próximos días pasan por la corresponsabilidad de Felipe Calderón, por decir lo menos. Ocupado como está en construirse una imagen para la posteridad que el presente ya le niega, por inmerecida, Fox deberá plegarse a los intereses de su sucesor, que no ve con entusiasmo la posibilidad de ser él quien deba mancharse las manos de sangre para satisfacer a los duros del país.

En cualquier caso, el futuro para Calderón no es promisorio. No sólo deberá remar contra la corriente para superar los escollos de la ilegitimidad –convertido aun antes de tomar posesión en el presidente más débil de la historia del país–, sino que el rompimiento entre PAN y PRI azuzará las intentonas para socavarlo al extremo de poner en riesgo la culminación de su, de por sí, cuestionado mandato de seis años.

El PRI ha chantajeado al PAN con una amenaza no tan velada: si cae Ulises Ruiz por la presión de un movimiento social, caerán otros gobernadores (de preferencia panistas), y por qué no, hasta el presidente de la República. El viejo y carcomido PRI, pese a todo, tiene los recursos y experiencia suficientes para intentar desestabilizar a Calderón. La movilización de Andrés Manuel López Obrador parecería una broma, comparada con el daño que el PRI sí puede causar, si se lo propone. Los operadores priístas han dejado claro a sus interlocutores panistas que, sin ellos, Calderón no podrá gobernar. En los pasillos del poder retumba la sorna con la que argumentan: “O qué, ¿van a negociar con el PRD?”.

El PRI juega con fuego, y pareciera a punto de quemarse. ¿Un acuerdo PAN-PRD? ¿Y por qué no? Imposible no es que la primera y la segunda fuerza política encuentren los mecanismos para asegurar la gobernabilidad mínima que reclama el país, mediante reformas estructurales consensuadas que permitan el desarrollo económico de la nación –con lo que se aseguraría el respaldo del poder de poderes: el capital nacional y extranjero–, pero con un fuerte acento social que haga bajar a los estratos más urgidos los beneficios de la responsabilidad gubernamental, lo que despresurizaría el caldero de más de 50 millones de pobres y de muchos que entre ellos ya no tienen nada que perder.

La alianza entre izquierda y derecha que los priístas creen imposible es mucho más práctica y tiene visos de mayor eficacia que el actual maridaje sumiso de los panistas frente a los dinosaurios priístas. A Calderón le conviene más este escenario, porque no sólo le otorgaría la legitimidad que le negó la división en las preferencias del electorado, sino que, incluso, le permitiría recuperar su partido de manos de quienes lo asaltaron en este agónico sexenio: es la oportunidad para mandar a los grupos de ultraderecha a las catacumbas donde pertenecen, y devolverle a Acción Nacional la filosofía socialcristiana que necesita para gobernar a más de la mitad de la población que vive sumida en la pobreza.

Habrá que ver si algo de esto habrá aprendido Calderón en su reciente visita a Chile y Argentina, donde los opuestos se aliaron para hacer gobierno, aunque también podría aprender algo si voltea a ver las consecuencias de la polarización en Venezuela y Bolivia. El próximo presidente tiene para elegir.