Aunque las vidas que perdieron no tienen precio, ni las lesiones graves, las víctimas de la masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001 hubieran aceptado recibir algún tipo de reparación económica. Sin embargo, en estos cinco años transcurridos desde los hechos que cambiaron su existencia no recibieron nada. El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió en febrero de 2004 al Congreso pasó por una sola comisión de la Cámara de Diputados y se estancó allí hasta que perdió estado parlamentario. La iniciativa fue repuesta y volvió a perderlo. “Nunca hubo voluntad de tratarlo, y era un buen proyecto, porque era reivindicatorio”, se lamentó ante Página/12 María Arena, compañera del motoquero Gastón Riva, uno de los asesinados durante la despedida del poder de la Alianza.

Era el 13 de febrero y el Salón Blanco de la Casa de Gobierno fue colmado con la presencia de heridos y familiares de las víctimas de aquellas jornadas, en las que murieron 37 personas a manos de las fuerzas policiales y de seguridad. Entre ellos pudo verse a Jorge “Tuly” Portillo, el joven que quedó paralizado por una bala policial. “Con esta ley no vamos a reparar el daño causado, pero al menos creo que el Estado, que debe representar los intereses del pueblo, está presente y trata de llegar de alguna manera con la mano reparadora para aquellos que sufrieron la afrenta de aquella fecha”, dijo el presidente Néstor Kirchner al firmar el proyecto de ley para indemnizar a quienes padecieron esa represión. En sus declaraciones y comunicados, los destinatarios de la iniciativa dejaron en claro que no hay dinero que pueda reparar lo que les hicieron y que su aceptación no implicaba abandonar su demanda de justicia.

El proyecto oficial alcanzaba los casos de muerte, lesiones gravísimas, graves y leves y establecía montos indemnizatorios que iban de los 15 mil a los 224 mil pesos. En caso de que se hubiera convertido en ley, establecía que las indemnizaciones eran incompatibles con cualquier acción judicial por daños y perjuicios planteada por los beneficiarios. “En los hechos de diciembre de 2001, la estrategia represiva se gestó e implementó al margen de la legalidad, vulnerando las bases del estado de derecho. El Estado actuó desplegando un comportamiento criminal en desmedro de las más elementales libertades y derechos”, escribió la pluma legal de la Presidencia, según el fenecido proyecto. Y concluyó que “ninguna ley podrá reparar la pérdida de tantas vidas ni paliar el profundo dolor de las víctimas. No obstante, es deber del Estado considerar al menos la reparación pecuniaria pertinente”.

¿Qué pasó en el Congreso? La Comisión de Legislación Penal fue la única que llegó a tratarlo. La oposición quería agregar en el texto a las víctimas de la matanza de Puente Pueyrredón, en junio de 2002, y el oficialismo quería incorporar a las del puente de Corrientes, en diciembre de 1999. Pero lo que trabó el debate fueron las diferencias por la inclusión de las lesiones leves, incomprobables para algunos. De todos modos, hubo dictamen en esa comisión, pero se venció antes de pasar a Presupuesto y Derechos Humanos. Y aunque su presidente, Jorge Montoya, lo repuso, ahora volvió a perder estado, al igual que un proyecto similar de Alfredo Villalba, Alicia Castro y Sergio Acevedo. ¿Hay posibilidades de que el oficialismo vuelva a impulsarlo? Quizás en marzo, pero en base a algo más consensuado, afirmó a Página/12 una fuente parlamentaria.

Los abogados de las víctimas del 19 y 20 de diciembre explicaron a este diario que una ley así hubiera sido esencial para las personas afectadas de las provincias, con dificultades para acceder a los servicios de un abogado que los ayude a entablar una demanda civil. Incluso en Santa Fe para hacerlo es necesario dejar un depósito de dinero.

“La indemnización del Estado nunca llegó, y la hubiera aceptado, porque pienso que es algo que Gastón hubiera querido para nuestros hijos. Lo único que me dio fue una salida laboral, pero tampoco fue de manera espontánea”, describió Arena. Y recordó a la abogada Cintia Castro, que “movió cielo y tierra” por las reparaciones para las víctimas del diciembre negro de 2001.