El conjuez federal de Río Cuarto, Diego Estévez, que en un polémico fallo sobreseyó hace dos semanas a seis militares inculpados por la explosión en 1995 de la fábrica militar de Río Tercero, fue citado a declarar el jueves por la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación. El fiscal federal Carlos Stornelli había presentado un pedido de destitución preventiva por presunta “parcialidad manifiesta”.

De forma unánime los miembros de la Comisión decidieron ayer citar para el jueves a las 11 a Estévez, para que presente su descargo por la grave denuncia que Stornelli les había formulado. El fiscal sostuvo que la determinación del conjuez cordobés de desestimar la pericia realizada en la causa y posteriormente sobreseer a los oficiales incriminados era “funcional a un pacto de silencio sobre un tema gravísimo que nadie quiere discutir” y la calificó como “lo mejor que se hizo en la causa”, pero que “para él no hay faltante de armamento ni explosión intencional, sino una conspiración de testigos”.

Stornelli destacó también que “lo más escandaloso” del caso fue que para refutar la pericia que determinó la intencionalidad de la voladura de la fábrica que provocó siete muertos, gran cantidad de heridos y multimillonarias pérdidas materiales, el juez había copiado de Internet algunas definiciones de distintos materiales explosivos de un artículo publicado en un sitio dedicado a facilitar la tarea a estudiantes secundarios (www.rincondelvago.com.ar).

A su vez, Horacio Viqueira, representante de Ana Gritti, viuda de una de las víctimas de la explosión, también expuso sus fundamentos sobre la arbitrariedad de la decisión tomada semanas atrás por el juez, ratificando la presentación del fiscal.

La causa llegó a manos de Estévez hace dos años por haberse excusado el juez natural del caso, Luis Martínez. En un fallo por demás polémico determinó hace dos semanas que la pericia realizada por los ingenieros de la Universidad de Córdoba sobre el inicio de la explosión revelaba “una evidente carencia de fundamentación científica convirtiendo sus conclusiones en simples opiniones de imposible verificación”, por lo que concluyó que todo había sido un accidente y benefició a los militares imputados en el caso, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jorge Cornejo Torino, Oscar Nicolás Quiroga, Marcelo Gatto y Juan Carlos Villanueva, directivos de la fábrica en aquel momento.

La causa está caratulada como estrago doloso, y si la Justicia no imprime celeridad en la resolución de la apelación presentada contra el fallo del juez de Río Cuarto, prescribiría en noviembre del año que viene.

Stornelli persigue la hipótesis acerca de la posible vinculación entre la explosión en 1995 y el contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante el primer mandato del ex presidente Carlos Menem.