La Cámara Federal de Córdoba decidirá el martes si el conjuez Diego Estévez continúa al frente de la causa en la que se investiga la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero. Luis Rueda, titular del tribunal responsable de la definición, afirmó ayer que “nunca hubiera citado una página de Internet en un fallo”. La definición no deja de asimilarse a una señal de alerta para el magistrado que admitió haber recurrido al sitio rincondelvago para refutar la pericia química que concluyó que el hecho fue intencional. Rueda aclaró que “no hace falta escuchar el testimonio del conjuez”, ya que separarlo del caso es una atribución del tribunal. Aunque Estévez se mostró “muy contento” con la resolución del Consejo de la Magistratura que delegó la decisión en la Cámara Federal de Córdoba, lo cierto es que no tiene muchos motivos para alegrarse. Luego de afirmar: “Si fuera profesor de él en la universidad, lo echaría a patadas”, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, vaticinó que muy pronto el tribunal cordobés debería separarlo de la causa.

Aunque no hacía falta, Rueda aclaró que el futuro del expediente y la suerte de Estévez se “definirán con la opinión de todos los vocales ya que el tribunal es un cuerpo colegiado”. No se explayó sobre la cuestión de fondo. Tan solo se limitó a calificar la situación de Estévez como “muy delicada por el impacto mediático del tema y por lo que significa valorar la actuación de un juez federal”.

El tribunal se reunirá el martes y el jueves será el último día hábil del año para que el Consejo de la Magistratura reciba la definición del caso. En diálogo con este diario, la consejera Diana Conti adelantó que considera el caso como un tema de feria. Y precisamente a Conti le toca estar durante enero en el Consejo.

Aníbal Fernández no dudó en calificar de “bochornoso” que el juez Estévez haya recurrido a una página de Internet para fundamentar su fallo. También afirmó que el juez había tenido “una actitud parcial para desligar a algunos de los militares que fueron responsables de esa actitud perversa”, como definió a la explosión. Precisamente hablando de la explosión que el 3 de noviembre de 1995 arrasó con la Fábrica Militar de Río Tercero y que produjo siete muertos en la ciudad, Fernández destacó que se trató de “un hecho premeditado, intencional. Una situación terrible que fue ocultada y barrida bajo la alfombra por el poder político de turno”. Tal vez por cábala no nombró a Carlos Menem pero tampoco hacía falta. A pesar de no haber sido juzgado, el hecho es uno de los escándalos emblemáticos de los diez años de menemismo.

El caso de Estévez es el primero que enfrentó el Consejo de la Magistratura luego de que el oficialismo modificara los porcentajes de su integración. La consejera Conti lo calificó como “un leading case”, es decir un caso testigo. Explicó a Página/12 que lo consideraba un caso emblemático ya que antes de la reforma “la oposición decía que el oficialismo se reservaba una mayoría para manipular el ascenso o destitución de los jueces”. El jueves, el kirchnerismo no pudo lograr la suspensión de Estévez. En cambio, ganó la posición que proponía que sea la Cámara Federal el organismo que lo investigara.

No fue Estévez sino el Consejo de la Magistratura el que ayer estuvo en el banquillo de los acusados. El ministro Fernández aprovechó para defender la reforma que había impulsado el kirchnerismo. “Era imperioso producir la reforma de este Consejo ya que seguimos teniendo comportamientos corporativos”, dijo. Conti criticó que el presidente del Consejo, Pablo Mosca, pidiera que las deliberaciones fueran reservadas. La diputada cargó contra los radicales Ernesto Sanz y Federico Storani a quienes acusó de formar parte de “un pacto de silencio y protección”. En la discusión privada, Storani había recordado su origen riocuartense y su amistad adolescente con el juez Estévez. En lugar de excusarse dijo que ello no afectaría su imparcialidad. Finalmente, los radicales alineados con los jueces y los abogados se impusieron por siete votos contra cuatro.