En las últimas horas, la posibilidad de que Isabel Perón sea sometida a un examen psiquiátrico en España disparó todo tipo de versiones. Entre ellas, la alternativa de que sus abogados pidan a la Justicia española que la declare inimputable para evitar el proceso judicial y la extradición a la Argentina. Pero, de momento, la opción no parece posible. Más allá de la gravedad o no de su estado de salud y sus derivaciones, el abogado argentino Carlos Slepoy –a cargo de causas por los desaparecidos en España– consideró ayer que ese estado no debe influir en la decisión de su extradición: será la Justicia argentina, dijo, la que debe “valorar las circunstancias personales” de la acusada.

Desde el día de su detención en España, nadie pasó por alto las condiciones físicas de Isabelita. Sus movimientos, los primeros planos en el frente de la Audiencia Nacional de España, los detalles o las secuelas del cuadro de hipertensión que la acompaña desde hace veinte años se analizaron una y otra vez durante el fin de semana como síntomas de un estado de decadencia orgánica pero también psíquica que podría salvarla de una acusación.

De lo que se sabe hasta aquí, la Justicia española la seguirá de cerca mientras dure el proceso de extradición a la Argentina. Entre otros trámites, la ex presidenta será sometida a un examen médico completo, según le explicó ayer a este diario el abogado de Isabel en la Argentina, Atilio Neira. El examen médico incluye un testeo físico y psíquico de rutina, según el abogado. “A mí no me consta –dijo– que sea un examen destinado a probar sus condiciones de inimputabilidad.”

Lo que tiene Isabel es un mal llamado Graves Basedow, una especie de cuadro de hipertensión que se le agravó a partir de 1987 tras el episodio de la profanación de la tumba de Juan Domingo Perón. “Por supuesto que esto está medicado”, dijo Neira. “Lo que pasa es que determinados cuadros emocionales o un shock como el de estos días le produce un grado de estrés que le genera un aumento de las frecuencias cardíacas, elevándolas a un ritmo de 140 pulsaciones: esto es serio para cualquier persona, imagínese si no lo es para una persona que en este momento tiene 75 años de edad.”

Aunque su entorno lo desconoce, algunas versiones publicadas en la prensa mencionaron durante el fin de semana la existencia de un cuadro con alguna pérdida de memoria, angustia y depresión. Tampoco descartaron la existencia de algunas alucinaciones, una de los efectos posibles del Graves Basedow. “Lo que tiene Isabel no es eso, pero con lo que hay cualquiera saca un título sensacionalista”, se quejaba ayer su abogado.

Ahora serán los exámenes en España los que determinen razones. Lo que los resultados aparentemente no impedirán será la extradición de la ex funcionaria.

Carlos Slepoy es parte del Movimiento de Argentinos en España, un núcleo de organismos de derechos humanos que impulsan desde hace años las causas por el Terrorismo de España en la Audiencia Nacional. Desde ese lugar, y en ese contexto, ayer fue consultado sobre el caso de Isabel. “La Justicia española –dijo– no analiza el fondo de los hechos sino los requisitos procesales para la extradición. Si se verifica que está acusada de delitos extraditables y se cumplen los requisitos, lo lógico es que la otorguen.” En ese sentido, aclaró que el estado de salud de la ex presidenta no debe influir en la decisión de su extradición a la Argentina, ya que la Justicia argentina es la que debe “valorar las circunstancias personales” de la acusada.

Isabel, dijo, “comprende perfectamente” las acusaciones que se le realizan en su contra. En caso de que se alegara “un problema psiquiátrico, debe ser remitida a la Argentina para que se valore” si es obstáculo para el proceso. La ex mandataria fue detenida el viernes pasado por una orden del juez federal de Mendoza, Raúl Acosta, como coresponsable de la desaparición forzada y secuestro de dos jóvenes –uno menor– en febrero de 1976. De momento, no quedará detenida. El juez español Juan del Olmo le concedió la libertad condicional y le impuso la obligación de presentarse cada quince días mientras dure el proceso de extradición.