A fines de diciembre, cuando se respiraba alivio por la aparición del testigo Luis Gerez, dos hechos conmovieron a Libertador General San Martín, en Jujuy. El sábado 30 fue saqueada y destruida en forma parcial la casa del matrimonio de Luis y Olga Arédez, el médico y ex intendente desaparecido que enfrentó al poderoso ingenio Ledesma, y su esposa, que hizo lo mismo en la búsqueda de justicia. La vivienda estaban siendo preparada para funcionar como una casa de la militancia social y de derechos humanos local. El mismo día un miembro del grupo de apoyo a Madres de Ledesma fue detenido, sin causa, y golpeado por la policía. Ricardo y Luis Arédez, hijos de Luis y Olga, coincidieron en que ambas situaciones se relacionan con la ola de intimidaciones a testigos, funcionarios, abogados y militantes de derechos humanos y mencionaron la reciente formación de una “asociación de ex combatientes contra la subversión” en la pequeña localidad de Calilegua.

Además, Luis, que vive en Tucumán, fue víctima de un robo en su casa el 13 de diciembre. Desconocidos se llevaron su computadora y un rifle que perteneció a su padre. “Es significativo, no hace falta que dejen una inscripción, está dentro de esta escalada, no se van a quedar sentados esperando que los citen a los juicios. Buscan volver a imponer temor, pero después de todo lo que hemos pasado una apretada más no nos cambia. Pero ellos siguen, es iluso pensar que se van a quedar quietos. Nosotros tenemos que estar tranquilos, organizados y dando batalla”, fue el comentario de Arédez, consultado por Página/12.

La vivienda de dos plantas de la calle Victoria 561 estaba en plena preparación para transformarse en la Casa de Educación Popular Olga Márquez de Arédez, y la inauguración estaba prevista para julio. Alguien de contextura pequeña entró la noche del 30 de diciembre rompiendo la ventana del ambiente donde Olga tenía su consultorio de odontóloga. Según el relato de Luis y Ricardo, rompieron muebles y robaron un video, el megáfono que usaba su madre cuando daba vueltas en la plaza con su pañuelo blanco, una video y mercadería. La parte superior, que está alquilada, no fue tocada. De esa casa fue secuestrado Luis Arédez, padre, a las 3 y media de la madrugada del 24 de marzo de 1976, por personal militar que utilizó vehículos del ingenio de los Blaquier.

“Iba caminando y me paró un patrullero de la seccional 39ª. Me pidieron documentos, y cuando llevé el brazo para atrás para buscarlos me inmovilizaron con el bastón. Se lo agarré y ahí recibí un codazo en la boca. Ni yo sé por qué me llevaron hasta la seccional 11ª, pero los que me detienen dicen que fue por falta de respeto al personal público, aunque les dije que no fue así”, relató a este diario Julio Gutiérrez, integrante del grupo de apoyo a Madres de Ledesma. “Después me dijeron que me iba a quedar por averiguación de antecedentes, no me dejaron hacer una queja en el libro ni una llamada telefónica. Tampoco me dejaron atender mi celular. Además me tuvieron en una celda común con presos con causa, entre las 4 de la madrugada y las 3 de la tarde del sábado”, agregó.

Gutiérrez hizo la denuncia ante la fiscalía de San Pedro y en un primer momento no relacionó su detención con otros hechos que vienen ocurriendo desde fines del año pasado. “Hablando con compañeros me empezaron a decir que tenga cuidado. Pasó lo de la casa, fue la misma semana de Gerez, ahí empecé a entender que acá se está armando algo”, reflexionó. Los golpes que recibió fueron comprobados por un médico legista.

Este cuentapropista y militante de Libertador General San Martín participó de la marcha del mes pasado junto a los ambientalistas de Gualeguaychú. Allí se lo pudo ver con una pancarta que mostraba las montañas de bagazo que la planta tiene al aire libre, en pleno pueblo, y otra con la imagen de Olga Arédez, que inició la batalla legal contra la contaminación del ingenio de los Blaquier. “Contaminan con bagazo, secan los ríos y hacen desmontes en la selva virgen en complicidad con el gobierno provincial y con conocidas ONG locales e internacionales”, expresó. Explicó que debe vivir de changas porque no puede entrar en la empresa ni tener un trabajo estable. ¿El motivo? Lo consideran “activista”.

La asociación de ex combatientes contra la subversión que se formó en Calilegua tendría unos 800 afiliados, y quieren cobrar una reparación económica como servidores a la patria. “Para nosotros no es casual”, le dijo Ricardo Arédez. El grupo de apoyo a Madres –entre quienes se encuentra la madre de Sebastián Bordón, Myriam Medina– está evaluando las medidas a tomar y la posibilidad de ponerse en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Es una señal de que están ahí, de que no se fueron”, comentó Medina.