Luego de rechazar un pedido de excarcelación para el represor Jorge Rádice la semana pasada, la Cámara Federal decidió negarle el mismo beneficio al marino Julio Torti, detenido con prisión preventiva por primera vez en diciembre pasado, tras ser acusado de graves violaciones a los derechos humanos en la megacausa ESMA. Según se supo ayer, los jueces entendieron que el imputado tiene “recursos” para fugarse e “instalarse en otros lugares”. Esta resolución también alcanza a dos camaradas suyos, Oscar Lanzón y Eugenio Vilardo, quienes también habían solicitado esperar el juicio oral en libertad.

Las medidas fueron tomadas por los camaristas Eduardo Luraschi y Martín Irurzun un día antes del comienzo de la feria judicial de enero y se sumaron a una resolución similar contra Rádice, un contador público asimilado por la Armada para “blanquear” los robos y saqueos a los desaparecidos, quien también era conocido por ser un excelente tirador y “un temible asesino”, según relató una de sus víctimas, Martín Grass. En su decisión, el tribunal de apelaciones entendió que Torti era un militar “de tan alto grado en la estructura jerárquica de la Armada, vinculado con ex gobernantes de países extranjeros”, condición que le daría “recursos concretos” para fugarse. Motivos le sobran: está acusado de 25 secuestros y 23 torturas, mientras se desempeñó como comandante de Operaciones Navales en la ESMA junto al represor Antonio Vañek, quien también está imputado en esta causa.

Además, los camaristas recordaron que el represor estuvo “en rebeldía” cuando la Justicia pidió su captura el 25 de febrero de 1987, antes de la promulgación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que paralizaron la causa en su contra. “Ello indica claramente que aun en las circunstancias procesales anteriores a la reactivación del presente proceso, Torti evitó acudir a los llamados de la Justicia”, razonaron los camaristas para reforzar el argumento del “peligro de fuga” que representaría liberar al represor, quien fue a prisión luego de que el juez federal Sergio Torres dictara la inconstitucionalidad del indulto con el que fue beneficiado en 1989, durante el gobierno de Carlos Menem. Por otra parte, el tribunal de apelaciones también confirmó que seguirá detenido Eugenio Vilardo, quien siendo capitán de corbeta entre 1976 y 1978 colaboró con Cancillería desde el extranjero, situación por la cual dispone de “vinculaciones políticas” y “bastantes recursos para eludir a la Justicia”. Por último, los camaristas rechazaron la excarcelación a Oscar Lanzón, un ex miembro del sector de inteligencia de un grupo de tareas de la ESMA, quien fue denunciado por varios ex desaparecidos que lo conocían como “Horacio Guratti” y trabajó para la Armada hasta 1999.

El 22 de diciembre del año pasado, el juez Torres procesó y embargó a estos tres represores junto a Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason (hijo del fallecido ex marino) y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros, en el marco de la megacausa ESMA, que ya lleva veinte años en la Justicia y fue reabierta en 2003 con la anulación parlamentaria de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cuya inconstitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema. “Los ilícitos investigados en esta causa no resultaron una decisión solitaria, sino que son consecuencia de un modo de acción que aquellos que detentaban el poder habían decidido”, señaló Torres en aquel fallo. Lo mismo entendieron los camaristas que negaron la excarcelación de estos represores que “llevaban a cabo hechos aberrantes desde el aparato y con los medios del propio Estado, razón por la cual su actuación quedaba completamente impune”.