La empresa textil Cheek SA, propietaria de la reconocida marca de indumentaria para niños Cheeky, y los desconocidos talleristas Hernán Uriona Panoso y Kwak Sin Yong, serán incorporados hoy a la causa conocida como del trabajo esclavo, iniciada en septiembre de 2005 por la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, tras una denuncia de Gustavo Vera, representante de la cooperativa La Alameda. La ampliación de la denuncia apunta en particular contra la empresa y los dos talleristas –reconocidos por la propia sociedad anónima como proveedores–, con datos proporcionados por inmigrantes bolivianos indocumentados que trabajaron allí dentro y denunciaron haber sido humillados, explotados, esclavizados y tratados peor que los perros porque, además, fueron despedidos por los dos talleristas. La presentación intenta probar, como no se había logrado hasta ahora, la forma de contratación del trabajo de confección que hacen empresas de marca a talleres desconocidos, que a su vez toman a inmigrantes bolivianos y peruanos para producir a destajo. Por una remera que la marca vende a 32 pesos al público, el costurero-perro cobra 30 centavos. Mediante un comunicado de prensa, Cheeky desmintió que contrate en forma ilegal y asumió el compromiso público de que cesará toda relación comercial con los proveedores “que no cumplan con la normativa vigente”. De precios, ni mu. Resultado: cien costureros afuera.

El 5 de enero pasado, Máximo Quispe Nina, de 28 años; su mujer, Haydée Tola Mamani, de la misma edad, y Milton Olguera Huanca, de 26; todos bolivianos se presentaron ante la Defensoría porteña para dar ese tipo de declaraciones que suelen evitarse por temores que incluyen desde la pérdida del trabajo hasta la pérdida del futuro, según el caso. Los tres fueron narrando ante el equipo del Area de Derechos Individuales, Discriminación y Violencia Institucional, a cargo de Mario Ganora, las vicisitudes que les tocó vivir como inmigrantes sin papeles o con papeles provisorios en los talleres de costura que producían para la empresa Cheek. Para el caso, el matrimonio Quispe-Olguera trabajó para Hernán Panosa en dos talleres de la calle Joaquín V.González 645 y 677, y en otro de la calle Cucha Cucha 158. Trabajaron hasta que a Haydée se le ocurrió quedar embarazada. Tuvo a su hijo el 2 de octubre en el Hospital Alvarez. Volvió a Cucha Cucha cuatro días después del parto, pero en noviembre la despidieron, junto con su marido. En su declaración, Haydée dijo que “no podía trabajar a causa del niño y estaba ocupando un cuarto de la casa”. La casa era, obviamente, el taller de Cucha Cucha. También aseguraron que trabajaban muchas mujeres embarazadas y relataron algunos casos que, como el de Haydée, terminaban en la calle.

Olguera trabajó para Kwak Sin Yong. “En el taller había hombres y mujeres, y cuatro niños, un varón de 17 y tres mujeres de 15, 16 y 17 años”, relató Olguera. Allí trabajaban bolivianos, peruanos o paraguayos. “Nunca argentinos, porque los argentinos daban problemas pidiendo que los pongan en blanco”, dijo que les decía Daniel, el nombre con el que se hacía llamar Kwak.

Máximo Quispe y su mujer se habían presentado al Centro Comunitario La Alameda el 27 de octubre pasado para relatar sus desventuras a Gustavo Vera, presidente de la cooperativa. Milton Olguera lo hizo un mes después. El relato de los tres, que luego repitieron ante la Defensoría, coincide en los horrores y en vincular a ambos talleristas con la empresa Cheek SA.

El 8 de enero, Vera concurrió también a declarar ante la Defensoría para completar con denuncias recibidas en la cooperativa, de trabajadores que no podían dar sus nombres porque trabajan en talleres que funcionan totalmente en blanco. Son los talleres que Vera describió como de una “relación tortuosa con la empresa Cheek, porque les sirven como pantalla cada vez ante inspecciones o escándalos mediáticos”.

“En los meses posteriores al incendio de Luis Viale, los cortes (de tela) enviados a los talleres registrados que trabajan para Cheeky se incrementaron a la vez que se reducían los de los talleres clandestinos. Pasado el escándalo, la relación se invierte”, describió Vera en su declaración. Agregó además que “la modalidad de reclutamiento de talleres clandestinos es mediante avisos en los diarios en momentos en que les niegan el trabajo a varios de los talleres registrados que son proveedores de la firma”. Según Vera, la empresa “Cheek reconoce a unos 200 talleres, de los cuales apenas 20 deben estar registrados”.

Sostuvo también que “Cheek les paga a los talleres 80 centavos por la confección de poleras que se comercializan a 22 en el mercado, y un peso por las remeras básicas cuyo precio final es de 28”. Los costureros, a su vez, cobran del tallerista entre 2,70 y 3,50 la hora y, según el trabajo de que se trate. Si el cálculo se lleva por prenda, el costurero cobra del tallerista unos 30 centavos por una remera por la que Cheek le pagó un peso; y la empresa, a su vez, la vende al público en 32.

La denuncia también menciona el trato: “Al encargado de la llave se lo instruía para que no los dejara salir”, señala la denuncia en un momento. “En ese entrepiso dormían diez o doce mujeres con sus niños”, agrega en otro párrafo, o “en cada cucheta dormían dos personas”. Las condiciones de “higiene no existen, los baños están permanentemente tapados, se aspira mucho polvillo y la cocina está invadida por cucarachas”.

“Policías de la comisaría 43ª visitaban el lugar mensualmente aunque no entraban al local –aseguró Quispe–. La ex esposa del patrón le dijo (a Quispe) que éste le pagaba 500 pesos por mes para que no molestaran. También vio que se acercaban inspectores que se allegaban a la puerta y que no entraban.” “El día antes de realizarse una inspección el patrón es avisado del procedimiento por lo que esconde y reduce al personal”, agregó.

La denuncia que Pierini suma a la causa 15803/05, presentada ante el juzgado federal de Norberto Oyarbide, agrega como prueba a los testimonios una serie de actas y comprobaciones realizadas por la Dirección General de Protección del Trabajo, dependiente del Ministerio de la Producción porteño a cargo de Enrique Rodríguez. Entre esas pruebas figura el acta 756.8 del 25 de julio pasado en la que se recibe un listado de talleres proveedores reconocidos por Cheek, con la firma de su apoderado Sergio Conde. Entre ellas figuran los talleres de Kwak y de Panoso.

Los inspectores de la DPT comprobaron además que los talleres se encontraban con máquinas específicas, la presencia de trabajadores indocumentados. Además, los titulares de los talleres aceptaron trabajar “exclusivamente para Cheeky”, y se adjuntaron remitos de la empresa que dejaba a los talleristas con indicaciones de cortes y plazos de entrega. Para completar el círculo, los inspectores comprobaron también la presencia de vestimentas con la etiqueta de Cheeky.

“Se comprobó la violación a la Ley de Migraciones y la Ley de Trabajo de la ciudad –señaló Enrique Rodríguez a Página/12– al contratar personas sin documentación y en condiciones laborales pésimas. Frente a la Ley de Migraciones, cualquiera que se beneficie dando trabajo en condiciones como las que en esta denuncia se plantean tiene responsabilidad. Frente a la ley laboral, el pago de salarios inferiores al convenio que marca el trabajo a domicilio transforma en quienes se benefician como responsables solidarios.” Y representan penas que llegan hasta los 6 años. Además de Pierini, la Procuración porteña presentará su denuncia.

Mediante un comunicado de prensa, Cheeky reconoció que trabaja con proveedores independientes; indicó que sus irregularidades le son ajenas, pero que “asume el compromiso público de cesar en forma inmediata toda relación comercial que no cumpla estrictamente con la normativa vigente en el país”. O sea, cien indocumentados afuera.