La detención de María Estela Martínez de Perón disparó efectos tormentosos dentro y fuera del país. En lo inmediato, parece “inminente” un nuevo pedido de detención que se sumará al de la semana pasada. El juez federal porteño Norberto Oyarbide se dispone a convocar a la ex presidenta por su responsabilidad en los crímenes ejecutados por la Triple A durante su mandato. La presentación podría provocar efectos secundarios en España: los abogados de las causas de derechos humanos no descartan que un nuevo pedido acelere el otorgamiento de la extradición. Sus abogados, en tanto, alegan una persecución “política”.

La situación técnica de Isabel Perón en España no ha cambiado demasiado en los últimos días. El Tribunal de la Audiencia Nacional en este momento está a la espera del pedido de extradición que tiene que formalizar el juez mendocino Héctor Acosta, a cargo de la orden que provocó la explosiva noticia de su detención el jueves de la semana pasada.

En palabras de Carlos Slepoy ese proceso de extradición no puede revertir dificultades. Abogado, integrante del Movimiento de Argentinos en España y uno de los impulsores de los juicios que permitieron la reapertura en el exterior de las causas contra el Terrorismo de Estado, Slepoy sitúa la extradición como parte de un proceso mixto, dado que además de la Justicia interviene, antes y después, el Gobierno.

“En el caso argentino –dice Slepoy– el trámite además es simplificado, porque por los convenios vigentes, el Tribunal español no tiene que considerar si hay pruebas o no de los delitos que se le imputan a Isabel en este caso. Esto es así porque parte de la base de que existe plena confianza en el tribunal solicitante.”

Eso no significa poca cosa. Según ese criterio, el tribunal español no debería evaluar la responsabilidad de Isabel Perón en la desaparición y secuestro de dos jóvenes en la provincia de Mendoza en febrero de 1976, como le imputa el juez Acosta. Ni debería evaluar su eventual responsabilidad en el “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” dispuestos por los llamados decretos de “aniquilamiento”, firmados en febrero de 1975 por el gabinete de ministros presidido por ella. Lo que la Audiencia Nacional debería evaluar, en cambio, es la presentación formal del juez Acosta.

De acuerdo con los abogados de las causas de DD.HH. en España, los requerimientos formales bajo análisis son unos pocos. El juez Acosta debe presentar copia de la resolución judicial del pedido de extradición con el auto de procesamiento y prisión preventiva; datos personales del imputado –con huellas dactilares y fotografías si las hubiera–. Y, finalmente el punto más delicado, copia de las disposiciones legales en las que se ampara el pedido procesal, es decir las leyes que establezcan que el delito no está prescripto.

En principio, cada uno de estos elementos deberían estar al día en la causa mendocina. Acosta había fundamentado su pedido en la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad. Ahora, deberá girar las actuaciones completas a España con los mismos argumentos, y prepararse para esperar la resolución del Tribunal.

Acosta debería mandar su pedido en el término de los 40 días, pero según los abogados argentinos en España ese lapso podría extenderse de forma ilimitada porque Isabel no está detenida. La Justicia española le otorgó una eximición de prisión al considerar que no hay riesgo de fuga. De todos modos, le pidió que se presente en los tribunales cada quince días. Lo único que puede pasar en el caso de que el juez demore más de 40 días en elevar la orden es que el juez español la exima de la presentación periódica.

Como la extradición también puede ser rechazada, los abogados de Isabel parecen prepararse para lograrlo. Uno de ellos Humberto Linares Fontaine sugirió que la causa tiene “connotaciones políticas”. El razonamiento no parece gratuito. Los tribunales españoles podrían denegar la extradición si prueban motivos de “raza” o “políticos”. La nacionalidad española de Isabel también puede pesar en la decisión de los Tribunales. Pero para Slepoy “sería absurdo que le denieguen la extradición por una cosa así porque acá se la está juzgando como argentina y nada más ni nada menos que como presidenta”.