Ayer por la noche no se había efectivizado en España la segunda orden de captura librada en Argentina por el juez federal Norberto Oyarbide contra la ex presidenta María Estela Martínez de Perón. Isabelita espera mientras tanto, recluida en su casa de la periferia madrileña, lo que se presume que será un largo y complicado trámite judicial hasta que finalmente España conceda o niegue la extradición.

En el momento en el que llegue la segunda orden emitida en su contra, la viuda de Perón deberá comparecer nuevamente ante la Audiencia Nacional a cumplir el ritual de la identificación, la foto de frente y perfil, las huellas digitales, por el que ya pasó hace unos días. En ese caso, cuando la Audiencia le notifique los motivos del nuevo pedido de captura, es probable que le toque un juez diferente de Juan del Olmo, el magistrado que abrió el expediente el pasado viernes cuando llegó la orden emitida por el juez mendocino Raúl Acosta. Uno de esos magistrados podría ser Baltasar Garzón, con quien Isabelita ya se ha visto la cara en otra oportunidad, cuando el juez español la interrogó como testigo en 1997, en el marco de otra causa sobre los crímenes de la Triple A.

Previsiblemente, Isabel volverá a manifestar su negativa a ser extraditada, mientras su defensa continúa acumulando historiales médicos para justificar la incapacidad de la ex presidenta de presentarse en Argentina como imputada por los crímenes que se cometieron desde el Estado durante su gobierno.

De acuerdo con el tratado vigente entre España y Argentina, de extradición simplificada, se abrirá entonces un nuevo plazo de cuarenta días para que las autoridades argentinas presenten la petición formal de entrega y el juez Oyarbide entregue toda la documentación que justifica el pedido de captura.

A partir de aquí se abre un período que puede llegar a resultar bastante extenso, debido a la complejidad del trámite previsto por la Justicia española. En principio, el caso caerá en las manos de un juez de instrucción que lo pasará a la sala de lo penal con sus propias apreciaciones. En esta sala se hará cargo del tema un tribunal de tres magistrados que deberá pronunciarse a favor o en contra de la extradición.

En el caso de que los jueces de esta instancia voten en contra de la solicitud argentina, la medida podrá ser recurrible ante el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Aquí comenzará a verse cuánta influencia política le queda a Isabelita dentro de los círculos de la derecha española que tan bien la acogió cuando la liberaron los militares, en 1981. El poder judicial ha sido históricamente en España un bastión de los sectores más conservadores, en la que jueces como Baltasar Garzón son más la excepción que la norma. Una prueba de ello es la elección ayer por tercera vez consecutiva del juez Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el candidato preferido por la mayoría de centroderecha del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que efectúa estos nombramientos.

Si el trámite de extradición termina pasando positivamente por todas estas instancias, la última palabra no estará todavía dicha. La decisión de entrega de Isabelita a la Argentina será tomada por la administración de José Luis Rodríguez Zapatero a través de una decisión de su Consejo de Ministros.