La Iglesia aprovechó la reunión anual de los rectores de institutos católicos para criticar la nueva Ley de Educación. En un documento, advirtió sobre la presunta instrumentación a través de los contenidos educativos de prácticas de planificación familiar contrarias a la doctrina católica, criticó lo que llama “ideología de género” por entender que se trata de “un principio opuesto a la realidad de la naturaleza humana” y advirtió sobre los presuntos inconvenientes y dificultades que puedan tener en el futuro los institutos privados si adoptan medidas en contra de docentes que no se identifican con “el ideario educativo institucional”. Sin embargo, dice el documento episcopal, “la Iglesia no quiere privilegios sino el resguardo de derechos garantizados por la Constitución nacional”.

El texto en el que se plantean las discrepancias y críticas a la reciente ley de educación impulsada por el Poder Ejecutivo fue emitido ayer por la Conferencia Episcopal Argentina a través de la Comisión de Educación Católica que preside el obispo Guillermo Garlatti. El texto fue también difundido por la agencia católica AICA y allí se incluyó una mención sobre la “ideologización de la educación”. Esto motivó una comunicación entre Garlatti y el ministro Daniel Filmus que llevó a que el obispo emitiera una aclaración en la que desmentía esa frase y señalaba que “la Iglesia seguirá participando propositivamente y cumpliendo su misión de sostener y resguardar sus principios sobre la concepción del hombre y de la educación, en una actitud de respetuoso diálogo”.

En la declaración de la Comisión Episcopal se lamenta que no se haya incluido de manera explícita la dimensión religiosa dentro del concepto de “formación integral”. El texto comienza valorando el papel de la educación en la sociedad y haciendo un llamado a la participación para que “la norma no será letra muerta” e invitando a “un compromiso de acción positiva y concurrente de todos los actores”. Considera “importante” también que “el texto normativo sostenga que la educación es un bien público y un derecho personal y social”, reconociéndole al Estado la responsabilidad “principal e indelegable” de trazar la política educativa, para subrayar el concepto de que existe “un solo sistema educativo nacional integrado por los servicios educativos de gestión estatal y privada”.

Esto le permitirá más adelante reclamar al Estado que garantice “a las instituciones de gestión privada el acceso a fondos que disponen el propio Estado u organismos nacionales o internacionales destinados a resolver situaciones de desigualdad y a mejorar la calidad educativa”. Y para advertir luego, apoyándose en el “principio de igualdad de oportunidades”, que los padres de escasos recursos sólo podrán elegir instituciones acordes con sus idearios, si el Estado aporta recursos que no sean “sólo para salarios docentes” de los establecimientos privados. Esta situación, dice el documento católico, “exige una erogación claramente discriminatoria” para quienes quieran acceder a una educación no estatal.

Tras señalar que “nos preocupa la excesiva centralización del sistema educativo”, el documento eclesiástico arremete sobre el artículo 92 de la nueva ley que incluye dentro del contenido curricular obligatorio la ratificación del “Protocolo facultativo para la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer”, conocido también como el Protocolo de Cedaw. La Iglesia a nivel mundial se opuso a esta convención por entender que fomenta la anticoncepción, la esterilización y el aborto. Esta posición se ratifica ahora en el documento local, que también se lamenta de que no se haya incluido “el derecho a la vida” en los términos que entiende la Iglesia. Se arremete además contra la “no discriminación de género” por entender que se trata de un “principio opuesto a la realidad de la naturaleza humana, ya que el hombre desde su concepción biológica es sexuado, varón y mujer”.

En otra parte se advierte sobre los “inconvenientes y serias dificultades” que pueden plantearse en los institutos privados dado que la ley no establece un resguardo para que se pueda despedir a los docentes que no coincidan “con el ideario educativo institucional”. Este punto había sido planteado con fuerza ante Filmus y la demanda fue reforzada ante los legisladores, en ambos casos sin éxito. Es a este respecto que se subraya que “la Iglesia no pide privilegios” sino que se cumpla la Constitución.