Miércoles, 7 de febrero de 2007 | Hoy
EL PAíS › 59 PAISES FIRMARON LA CONVENCION CONTRA LA DESAPARICION DE PERSONAS
Con su discurso, la senadora Cristina Fernández de Kirchner abrió la ceremonia que precedió a la firma de la Convención, en París. Habló contra la impunidad y mencionó la desaparición de Jorge Julio López. Argentina, junto con Francia, fue uno de los impulsores de la iniciativa que pena la desaparición forzada.
Por Eduardo Febbro
Desde París
Con la notoria ausencia de la primera potencia mundial, los Estados Unidos, un grupo de 59 países puso bajo el ojo de la ley internacional uno de los crímenes más impunes de las últimas décadas: la desaparición de individuos. La senadora Cristina Fernández de Kirchner abrió la ceremonia en que se procedió a la firma de la Convención contra la desaparición forzada de personas con un breve y vehemente alegato contra la impunidad y en el cual mencionó la desaparición del testigo Julio Jorge López.
En una de las elegantes salas de la Cancillería francesa, por unos instantes la emoción tapó los inevitables descontentos y las voces del dolor. Los ojos asombrados del representante de Bosnia Herzegovina o la emoción a flor de piel de Marta Vásquez, de Madres-Línea Fundadora, impregnaron la ceremonia en la que la senadora inició su intervención puntualizando la característica de la desaparición de individuos. Es, dijo, “un crimen de lesa humanidad, tal vez de los más perversos porque suma a la ya inaceptable realidad de la desaparición, la incertidumbre definitiva y eterna acerca de su destino final”.
Cristina Kirchner resaltó que era “un gran día para la condición humana”. Detalló luego los antecedentes históricos de esa práctica criminal, es decir, el Holocausto en el siglo XX, y nombró su más reciente actualización: “Mi país, la República Argentina, fue también durante el siglo XX un segundo laboratorio de ensayo de este tipo de prácticas, el terrorismo de Estado que tuvo por objeto sembrar el terror, el miedo, el pánico, el horror en una sociedad para implantar también un determinado modelo económico y social de exclusión”.
El discurso del presidente francés, Jacques Chirac –leído por el jefe de la diplomacia francesa, Philipe Douste-Blazy–, resaltó que la Convención “expresa la voluntad de los Estados de poner fin a una práctica odiosa apoyada en la mentira y olvido”. En el primer párrafo, recordó el coloquio organizado en París cuando Chirac era intendente. El presidente resaltó ese “grito de alarma” hecho por Julio Cortázar para “denunciar las desapariciones masivas practicadas por las dictaduras latinoamericanas”.
Hace casi un cuarto de siglo algunas personas presentes en la ceremonia de ayer, entre ellas Marta Vásquez, Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Matarollo, habían participado en aquel coloquio. En este sentido, Cristina Kirchner hizo una elocuente mención de quienes estuvieron al origen de esta nueva legislación internacional. “Estar hoy aquí es para mi país un protagonismo triste, pero quiero reivindicar la figura de quienes me acompañan: las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo”. La senadora resaltó el “orgullo” y la “dignidad” de las Madres, que son, dijo, “memoria viviente” y “mentoras jurídicas” de la convención.
Tampoco pasó por alto la figura que aquí se condena y que sacude a la Argentina, la desaparición de Jorge Julio López. La senadora detalló el juicio al represor Miguel Etchecolatz, en el que López fue testigo, y luego dijo: “Su desaparición ha provocado una gran desazón en la sociedad argentina, pero también la convicción en el gobierno de que se deben llevar adelante los juicios contra quienes cometieron esas violaciones, porque es la única garantía de que esto no vuelva a suceder”.
En su intervención, Jakob Kellenberger, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, interpeló a los Estados para que ratifiquen rápidamente dicha convención. El canciller Douste-Blazy puso de relieve no sólo que la “Convención llenaba un vacío jurídico” sino, también, que “con 51 mil casos de desapariciones forzadas en más de 90 países desde 1981, de los cuales 41 mil no han sido resueltos”.
Según la Cancillería francesa, 59 estados firmaron ayer la Convención. Entre ellos, 11 de América latina. La ausencia de los Estados Unidos y de otras grandes potencias occidentales es un dato inquietante. Aunque fuentes diplomáticas francesas adelantaron con cierta certeza que Washington podría sumarse antes de finales de año a la Convención, ello no quita una evidencia: la ausencia en la ceremonia de tantos países importantes que hacen de la promoción de la democracia y de sus garantías un pilar de su legitimidad.
Cuando cada uno de los Estados fueron llamados a firmar el texto hubo como una suerte de corriente de emoción colectiva. Como si, uno tras otro, con un trazo sobre un papel, podría llenar de sentido a tantas y tantas vidas tragadas por el horror.
Con los ojos llenos de una nube de lágrimas, Marta Vásquez dijo a Página/12: “Estoy viviendo un sueño, hemos luchado durante muchos años pero nuestro trabajo aún no ha terminado. Tenemos que seguir para que en nuestros países se ratifique y se cumpla la Convención. Pero vamos hacia adelante, hacia la no violación de la vida humana. Vamos hacia la justicia”. Nadie ocultaba tampoco que este esbozo de justicia tiene su fundación en la desaparición de decenas de miles de personas. “Es una victoria basada en el dolor. Nosotros salimos por la calle a buscar a nuestros hijos. Han sido el dolor y el amor a ellos lo que nos ha empujado. Esto es un dolor permanente, así como es un delito permanente”.
La desaparición forzada está definida como un secuestro por motivos políticos, que no ha sido reivindicado y cuyos responsables actúan sea por cuenta propia o con el aval del Estado. En uno de sus párrafos, la Convención habla sobre los hijos de desaparecidos robados a sus padres y adoptados posteriormente. En este caso preciso el texto impone “investigar e identificar a esos niños y reintegrarlos a sus familias de origen”. La Convención hace también obligatoria, para los Estados que la ratifican, la prevención y la sanción penal de “la detención, la encarcelación, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad perpetrada por agentes estatales” o grupos vinculados al Estado. Un comité compuesto por 10 expertos elegidos durante cuatro años estará encargado de controlar que los países respeten sus obligaciones.
Entre las muchas formas de homenaje que se pueden formular, una de ellas, una imagen, cuenta las raíces profundas de la Convención. En la web de la Cancillería francesa, la foto que ilustra el capítulo sobre la Convención muestra a Marta Vásquez con uno de aquellos pañuelos blancos en la cabeza. Las habían llamado “locas” en una época. Qué forma inaudita y justa de locura que se transformó en una exigencia racional de justicia que desembocó en la movilización de la comunidad internacional.
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