La tensión llegó al límite. Los gremios habían decidido medidas de fuerza que prometían una semana sin clases. Las autoridades repitieron durante toda la mañana que no había posibilidades de mejorar la oferta salarial. Sin embargo, al anochecer llegó la cita desde la gobernación bonaerense. Dos horas más tarde, Felipe Solá anunció frente a los representantes de los gremios la oferta para destrabar el conflicto: 1040 de sueldo inicial para el maestro de jornada simple, 110 pesos de fondo de incentivo salarial docente y la incorporación al básico de 105 pesos a partir de marzo. “Estoy muy contenta, es el triunfo de la negociación en la paritaria; el lunes empiezan las clases”, dijo a Página/12 la directora general de Escuelas, Adriana Puiggrós.

La negociación había sido ardua. Solá remarcó que la ayuda de la Nación se había limitado a los 300 millones de pesos –provenientes de la reprogramación de la deuda de la provincia con la Nación por el rescate de los patacones– y que el resto sería un esfuerzo propio. Cuando en la multitudinaria rueda de prensa le preguntaron cómo se financiaría el acuerdo salarial, Solá dijo sin dudar: “Ese es un grave problema para nosotros”. La clave del acuerdo estuvo en el monto que se incorporó al básico, porque sobre esa cifra se calcula el plus por antigüedad que llega al 120 por ciento del sueldo a los 24 años. La primera oferta de la provincia fue de 85 pesos en dos cuotas, luego lo elevó hasta llegar a 105 pero manteniendo un pago en marzo y otro en agosto. Ayer, el Suteba, la FEB, los técnicos de AMET, la UDA y los privados del Sadop consiguieron que se garantizara en un solo pago a partir de marzo.

El secretario general del Suteba, Roberto Baradel, dijo que hoy se discutiría la propuesta con los delegados, pero anticipó que al aumentar el básico se evita el achatamiento de la pirámide salarial. Solá explicó que “ningún docente cobrará menos de 200 pesos de aumento y en el caso de un director recibirá 500 pesos más”. Puiggrós destacó que “esta propuesta es una apuesta enorme del gobernador a la educación. Ahora tenemos que hacer el esfuerzo para garantizarla”. La provincia calcula que necesitará 1100 millones de pesos para solventar el incremento de la masa salarial.

“Nos hemos puesto de acuerdo con los gremios, de manera que se levanta el paro”, dijo Solá. En el despacho del jefe de gabinete de Solá, Florencio Randazzo, los representantes gremiales estuvieron acercando posiciones hasta dar la palabra de aceptación. Hoy se realizarán las últimas consultas, pero las autoridades dieron por hecho que no habrá medidas de fuerza. Prometieron que las conversaciones seguirán en el marco de la paritaria.

La negociación fue contrarreloj. Desde la Rosada y el Ministerio de Educación le reprochaban al staff de Solá que el anuncio que había hecho el lunes de la semana pasada el presidente Néstor Kirchner junto al ministro de Educación, Daniel Filmus, para elevar el piso salarial de 840 a 1040 pesos por cargo docente hubiese sido opacado por el conflicto bonaerense. Desde la gobernación contraatacaban con que la Nación se cortó sola acordando ese piso con los gremios nacionales (Ctera, UDA, AMET y Sadop) sin prever qué pasaría en las provincias.

En rigor, el problema del impacto del aumento del sueldo inicial es que si no se incorporan sumas al básico el achatamiento de la escala salarial se torna indigerible para los maestros y profesores. El peso de la antigüedad es tan fuerte en la composición del sueldo que actúa casi como el único incentivo de la carrera docente. Ese ítem llega al 120 por ciento de plus con 24 años de antigüedad, el artilugio que utilizaron los distintos gobiernos desde el retorno a la democracia fue otorgar aumentos mediante sumas fijas no remunerativas ni bonificables. Por ese mecanismo, se lograron mejoras en los salarios de bolsillo, pero se condenó a los jubilados a haberes miserables –los aportes se calculan sobre el básico no sobre el inicial– y se desvirtuó la diferencia salarial entre los ingresantes y los experimentados.

Durante casi veinticuatro años de democracia, la discusión sobre la mejor forma de rediseñar una carrera docente que reconozca no sólo la permanencia, no pasó de las buenas o malas intenciones del gobierno de turno. Cada vez que empieza el año escolar, las tensiones se agudizan y queda al descubierto el desquicio de la integración de los sueldos docentes. En un año cruzado por la puja electoral, las posibilidades de lograr mejores acuerdos aumentan y más aún cuando el piso, fijado desde la Nación, actúa como locomotora de incrementos a partir de la Ley de Financiamiento Educativo. El problema es que la inversión siempre se torna insuficiente para satisfacer las demandas.