Domingo, 4 de marzo de 2007 | Hoy
EL PAíS › DENUNCIA DE SECUESTRO DEL FRENTE DARIO SANTILLAN
El militante Carlos Leiva denunció que tres desconocidos lo metieron en un auto y por siete horas le gatillaron un arma y lo amenazaron.
El Frente Darío Santillán denunció que un militante del movimiento, Carlos Leiva, fue secuestrado el viernes al mediodía en Constitución cuando se dirigía a un local para participar de un encuentro de trabajo. Leiva, que fue liberado luego de siete horas, contó que tres personas lo subieron a un Polo gris oscuro con vidrios polarizados, lo llevaron a un galpón y lo mantuvieron allí hasta la noche, cuando lo soltaron en la entrada a la villa 21 de Barracas. Durante el secuestro no le pegaron, pero le gatillaron un arma descargada en la cabeza.
Leiva, de 34 años, vive en el barrio La Fe, de Lanús, donde es delegado del MTD y un referente conocido. Ayer, cuando ya había presentado la denuncia en la comisaría 30, habló con los medios. “Iba caminando por Pavón al 1500 y estaba apurado porque llegaba tarde a la reunión. En un momento vi que un auto frenaba. Dos tipos que venían de atrás me agarraron y me metieron dentro. Me llevaron a un lugar cerrado, grande, donde el sonido retumbaba. Me tuvieron un rato arrodillado con las manos en la cabeza, me ataron a una silla y me hicieron preguntas sobre el movimiento.”
Sus captores habrían sido por lo menos cinco. Tres en el auto y otros dos que aparecieron en el galpón; Leiva aseguró que podría reconocer a uno de ellos, vinculado con un episodio anterior.
El último 26, en la marcha a la estación de Avellaneda que el Frente realiza todos los meses en reclamo de que se enjuicie a los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, hubo un incidente. Dos personas vestidas de civil, ajenas al movimiento, se infiltraron entre los manifestantes y fueron echados cuando un grupo los reconoció como policías. Leiva discutió con los dos sujetos para forzarlos a que se retiraran.
“En el galpón, uno de los tipos me provocaba”, recordó en el diálogo con Página/12. “Decía que yo lo conocía, que no me hiciera el boludo: ‘Mirame, ¿no me conocés ahora?’. Hoy vimos las fotos que tomamos en la marcha, y para mí es uno de ellos.”
El abogado Claudio Pandolfi señaló que la denuncia “se hizo en la comisaría, porque la comisaría fue la que lo encontró a Carlos en la calle cuando lo liberaron. Ahora tienen que remitir las instrucciones al juzgado, que estarán llegando el lunes, y cuando lleguen nos vamos a presentar conjuntamente con (el abogado) Rodolfo Yansón para pedir que la investigación vaya a la justicia federal, porque se trata de un secuestro y porque el objetivo no era una cuestión económica sino política”.
Por otra parte, el abogado anticipó que va a solicitar como elemento de prueba “que el Poder Ejecutivo identifique a los civiles que actuaron en la manifestación”.
Para Pandolfi, en la hipótesis más leve, “la de que hayan sido estos tipos que se quedaron calientes porque la gente los identificó y los echó de la manifestación, y por eso decidieron salir a apretar, hay que ver cómo tienen la estructura para chupar a una persona”.
Leiva no había recibido amenazas. El Frente Darío Santillán vinculó lo sucedido con la desaparición de Julio López, tras remarcar que durante el secuestro “a Carlos lo obligaron a ponerse de rodillas, le dijeron que iba a ser ‘el segundo desaparecido’ y le gatillaron con un arma descargada en la cabeza”. En un comunicado de prensa, el movimiento también recordó el secuestro de Luis Gerez y las amenazas que recibieron integrantes de Hijos de La Plata, todos sin esclarecimiento.
Como referente de su barrio, Leiva fue encargado de llevar adelante las gestiones institucionales en el municipio de Lanús y las audiencias con el intendente Manuel Quindimil. En junio de 2002 participó en la marcha al puente Avellaneda en la que mataron a Santillán y Kosteki. Leiva fue uno de los heridos por la represión. Fue testigo en el juicio al ex comisario Alfredo Fanchiotti y en la actualidad es uno de los querellantes en la causa judicial en la que se investigan las responsabilidades políticas de la masacre.
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