“Hay progresos sustanciales en la investigación del caso López, importantes informaciones, indicios y evidencias están ya en manos de la Justicia.” La afirmación, sin más precisiones por el secreto judicial, fue pronunciada ayer por el subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la OEA. La audiencia había sido solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), en el marco del proceso de seguimiento que hace la Cidh sobre la impunidad en Argentina. El enviado de esa ONG aseguró que en el país “hay avances significativos” en esta materia, pero señaló que “los casos Julio López y Luis Gerez evidencian la falta de previsión de las autoridades estatales acerca de las posibles consecuencias de la apertura de los juicios”. En su informe, el funcionario del Gobierno describió que hay un total de 4505 testigos en esos procesos, de los cuales 360 son críticos, hay 35 amenazados, 5 que requieren especial protección y 19 funcionarios y magistrados que también fueron amedrentados. En diálogo con Página/12 desde Washington, Mattarollo enfatizó que aún en este escenario de intimidaciones “la política de juicios es imparable” (ver aparte).

La jornada amaneció con siete grados bajo cero en la capital de los Estados Unidos, aunque el día fue radiante. Cerca del mediodía, los representantes del CELS y del Gobierno acudieron a la sede central de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la calle 18 y F, no muy lejos de la Casa Blanca, para participar de la sesión de seguimiento del Informe 28/92 que la CIDH emitió en octubre de 1992 y que asentó la incompatibilidad de las leyes de impunidad y los indultos con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Abrió el juego el presidente del organismo y relator para Argentina Florentín Meléndez, quien dio paso enseguida a la presentación de Chillier, director del CELS.

“En oportunidades anteriores hemos denunciado ante la Comisión los impedimentos políticos, legales y judiciales en la realización de justicia, y su contradicción con el deber del Estado argentino de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad. Hoy nos encontramos ante una coyuntura diametralmente diferente y propicia para el juzgamiento y condena de los responsables”, arrancó Chillier con el apoyo de sus asistentes y una computadora portátil. Lo que siguió fue una descripción cronológica del proceso de justicia: condena a la Junta Militar en 1985, leyes de impunidad e indultos (1986-1990), informe 28/92 de la CIDH, primera declaración de inconstitucionalidad de la leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2001, nulidad de esas normas en el Congreso en 2003 y el fallo de la Corte Suprema de inconstitucionalidad de las leyes en 2005.

Cifras de nuevos juicios

A partir de ese momento comenzó el proceso de reapertura de los juicios. Chillier enumeró 111 causas abiertas, 305 imputados, de los cuales 46 gozan de una falta de mérito, 44 están prófugos, 105 fallecieron, 5 fueron declarados incapaces y sólo cinco recibieron condena. La primera se produjo el año pasado y fue la del represor Julio Simón, alias el Turco Julián, a 25 años de prisión. En septiembre fue condenado a reclusión perpetua el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, ex comisario Miguel Etchecolatz, por delitos cometidos en el marco de un genocidio. Hay más de 10 causas a la espera de designación de fecha de debate, está casi en marcha el proceso contra el capellán policial Christian Von Wernich, y los próximos juicios son a Héctor Febres por los crímenes de la ESMA, a cinco imputados integrantes del Primer Cuerpo de Ejército y a los responsables de la Masacre de Fátima.

“Obstáculos y desafíos”

Bajo este título encuadró el CELS la desaparición del testigo que contribuyó a la condena en el caso Etchecolatz, Jorge Julio López, ocurrida hace casi seis meses, como así el secuestro del testigo del caso Patti, Luis Gerez. Respecto de López, el abogado indicó que “al día de hoy no hay pistas claras sobre su paradero, y a pesar de la voluntad del Estado nacional y provincial no existe información confiable”. Fue antes que el subsecretario Mattarollo expresara que sí hay pistas sobre el albañil que sobrevivió a su secuestro durante la dictadura. “La impunidad respecto de este hecho tiene un efecto intimidatorio para otros testigos, en su mayoría sobrevivientes de los centros clandestinos de detención”, admitió Chillier. “No alcanza con la voluntad política, hacen falta medidas concretas”, dijo a este diario (ver aparte).

Estabilidad en el proceso de justicia

La propuesta del CELS en este sentido enfatizó la necesidad de promover la coordinación entre las agencias estatales, cuya descoordinación quedó en evidencia en el primer tramo de la investigación del caso López, con la SIDE, la bonaerense y la federal superponiéndose en su accionar. Además, la ONG apuntó que “las autoridades estatales deben tener previsión respecto de las consecuencias de la apertura de los juicios, además de promover la capacitación de las fuerzas de investigación y seguridad, y de contar con información sobre el estado de las causas y los riesgos que ellas generan”. También consideró imprescindible “actuar frente a la dilación en las investigaciones judiciales y la paralización en la Cámara de Casación Penal, e intervenir ante las demoras en la designación de funcionarios judiciales”. Con la misma urgencia e importancia, el CELS señaló que debe existir una “política de protección de víctimas, testigos, defensores de derechos humanos y funcionarios; un mapa de riesgos para prever obstáculos y delinear respuestas efectivas; y una estrategia integral para los juicios que incluya una política de racionalización de los casos abiertos, por ejemplo por centros clandestinos, no duplicación de testimonios y mejorar el acceso a las pruebas”.

El Gobierno contesta

En un tramo de su exposición, Mattarollo pareció responder a ese rediseño solicitado cuando afirmó que “unificar las causas es algo que corresponde a la Justicia, y en algunos casos puede ser conveniente pero en otros no”. El subsecretario afirmó que “las políticas de memoria, verdad y justicia son un pilar fundamental de la actual gestión de Gobierno”, y recordó las palabras del presidente Néstor Kirchner en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando reconoció que “aún funcionan cadenas de impunidad” y que “es evidente que hay instituciones o retirados de algunas instituciones que protegen o permiten que se hagan este tipo de operaciones”. Tras describir que la secretaría de Derechos Humanos es querellante en 46 causas, explicó que “se está organizando una red nacional de atención psicológica y una fuerza especializada” para víctimas y testigos, y explicó el funcionamiento de los programas existentes. El cierre de la audiencia fueron los elogios para Argentina por parte de la CIDH, en boca de Meléndez. Pero antes de culminar, Mattarollo expuso en tono autocrítico que “aún hay déficits preocupantes” porque “subsiste la ‘impunidad de derecho’ en la dilación de los procesos, para lo cual se planea una reforma procesal, y una ‘impunidad de hecho’, para formar esa cadena de impunidad” que el Presidente dijo que subsiste. En ese capítulo se encuadran los casos Gerez y López.