El director del CELS, Gastón Chillier, fue la voz del informe que presentó ante la CIDH, elaborado junto a Carolina Varsky y Andrea Pochak, y que fue emitido en vivo por la página web de la OEA.

–¿Cuál era el objetivo de la audiencia?

–Se trata del seguimiento del informe que estableció que las leyes de impunidad van en contra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de obtener respuestas del Estado en tal sentido. Pero ésta fue diferente porque se informó de los avances en la remoción de esos obstáculos, en particular el fallo de la Corte sobre estas normas que planteó un nuevo escenario. Estamos en un punto de inflexión, en el que se reabrieron las causas y en ese contexto mencionamos la falta de articulación o de coordinación entre las agencias del Estado para actuar frente a algunos obstáculos.

–¿Por qué el caso argentino es emblemático en el contexto mundial?

–Porque se realizan los juicios en la instancia nacional. En general la mayoría de los países utiliza mecanismos como la Corte Penal Internacional o tribunales especiales como el de Ruanda o el de la ex Yugoslavia. En Argentina hubo justicia, luego impunidad, más tarde derecho a la verdad y ahora de nuevo justicia, con un gran esfuerzo por parte de los organismos de derechos humanos. Junto a Chile y Perú, somos los únicos países que lo están haciendo. La audiencia no fue para denunciar al Estado, más bien para resaltar logros. Claro, están los riesgos y los obstáculos, y aunque claramente del Presidente para abajo demostraron voluntad política, ahora hay que plasmarla en políticas concretas para que los juicios avancen.

–¿En qué medida está en riesgo este proceso?

–Es necesario diseñar una política integral de testigos, una visión estratégica desde el Ministerio Público y de las agencias del Estado. El proceso no corre peligro, pero sería un error pensar que está todo hecho, que con lo hecho hasta ahora contra la impunidad se va a consolidar. No alcanza con la voluntad política, hay que preservarlo y protegerlo.